Nació “muerta” la orden ejecutiva
Entre la retahíla de órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump en su primer día de su segundo periodo en la Casa Blanca, una de ellas nació “muerta”: El poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes, que pudiera -en caso hipotético- tener repercusiones graves en México.
En la avalancha de documentos firmados en la Oficina Oval, los que nos afectan directamente son los relacionados con migración y frontera, donde la suspensión de admisiones a refugiados, la prohibición de asilo a personas llegadas la frontera, reanudación del programa “Quédate en México”, la emergencia nacional a lo largo de la frontera, la designación de terroristas a los carteles de la droga y la aplicación de aranceles a las importaciones desde nuestro país -entre otros- tienen un impacto que “sacudirán” a la relación y el comercio bilateral. Sin embargo, la eventual cancelación de ciudadanía nunca podrá concretarse.
La orden ejecutiva de poner fin a la ciudadanía para hijos de inmigrantes es imposible, ya que está amparada por la Enmienda 14 de la Constitución -que reza en su Sección 1 “Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana… ”-, que aunque se puede modificar, desde ayer le dijeron a Trump que “si es pasión, que se le borre”. Para poder hacer un cambio constitucional se requiere una mayoría absoluta en el Congreso -que lo puedo lograr por la mayoría republicana en las Cámaras de Representantes y el Senado-, y posterior a ello la ratificación de tres cuartas de los estados. Eso significa que 38 o más estados -de los 50 que hay- tendrán que aprobarlo y aquí es en donde “la puerca torció el rabo”.
Ayer mismo, como respuesta a la orden desde la Casa Blanca, una veintena de estados presentaron demandas a través de sus Fiscales. Colorado, California, Maine, Michigan. Nuevo México, Carolina del Norte y Wisconsin lo hicieron en el Distrito de Massachusetts -costa este-, mientras que Arizona, Illinois, Oregon y Washington lo hicieron ante el Tribunal de Distrito de este último estado en la costa oeste. Y en proceso estaban otros estados en agregarse a la demanda.
En el supuesto caso que la orden ejecutiva presidencial sobre la ciudadanía de hijos de inmigrantes procediera -como seguramente será el caso del resto de las propuestas- tendría un impacto incalculable para México, ya que de los poco más de 5 millones de indocumentados de origen mexicano, la mayoría tienen hijos nacidos en el país vecino y quedarían expuestas a las racistas ideas del nuevo inquilino en la Casa Blanca. Afortunadamente, la orden ejecutiva nació “muerta”.
¿Usted, qué opina?