Miguel Castro debe salir de esa celda
En repetidas ocasiones he planteado aquí que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a más de dos años de su creación, está lejos de cumplir las expectativas que se tenían en su trabajo en el combate a este lastre que es, después de la inseguridad, la mayor causa de irritación social.
Este nuevo modelo para combatir la impunidad de los malos manejos del erario y el patrimonio público generó la esperanza de que por fin vendría un sistema que podría funcionar, sobre todo por incluir al Comité de Participación Social, un componente ciudadano que por primera vez se contemplaba en el diseño institucional anticorrupción.
Lo cierto es que esta instancia ciudadana no ha logrado el peso ni la influencia necesaria para sacar de la inercia al resto de las dependencias que forman el SEA, incluidas la recién creada Fiscalía Anticorrupción, y la rescatada y renovada Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).
Tan ausentes son los resultados que en el SEA han caído en claras precipitaciones que lejos de prestigiarlos los exhiben y golpean severamente su credibilidad. El último ejemplo de ello es el encarcelamiento de Miguel Castro, uno de los políticos y funcionarios con la mejor reputación e imagen de la clase política y gubernamental de Jalisco, por supuestos malos manejos por menos de 6 millones de pesos cuando fue secretario de Desarrollo e Integración Social (Sedis) en el gobierno del priista Aristóteles Sandoval, y por haber desacatado las restricciones de su originalmente injusto arresto domiciliario.
A sus 28 años recuperó para el PRI la alcaldía de Tlaquepaque en el 2003-2006, y lo gobernó por segunda ocasión del 2010-2012. En ninguno de esos periodos hubo episodio de corrupción alguno. En el 2012 fue electo como diputado local y se convirtió en el líder de la bancada priista, porque justamente era una de las pocas cartas priistas para sostener el discurso de renovación y limpieza en la vida política en Jalisco, que como todos los candidatos, prometió en aquel momento Aristóteles.
Desde esa posición, Castro dio muestras contundentes de querer intentar desmontar y sacar al Congreso local del enorme descrédito que padecía por estar atrapado en toda una trama de corrupción e impunidad. Decisiones como la de terminar con los opacos pero millonarios presupuestos de las casas de enlace y otros gastos discrecionales de los diputados le causaron incluso enemistades y fuego amigo de los propios diputados priistas que coordinaba.
A Castro, sus amigos más cercanos e influyentes le aconsejaban dejar “el infierno del Congreso que no tiene remedio”, ya que en su afán de cambio saldría muy desgastado y complicaría su futuro político. No obstante, decidió dejar pasar la invitación del gobernador de ir a la Sedis en febrero de 2013. Se quedó en el Congreso pese a los consejos de sus incondicionales y las constantes críticas de sus detractores y hasta el final de la Legislatura llegó a la Sedis, hasta que lo postularon como candidato a gobernador. El perfil de Castro ha sido siempre incómodo para los que apuestan por las viejas formas de hacer política en la oscuridad de los acuerdos cupulares.
Queda claro que el SEA y el Poder Judicial deben corregir. Dando el beneficio de la duda, y descartando que la Fiscalía Anticorrupción esté actuando por dictado del poder y de manera facciosa, hay otros muchos casos que deberían ser prioritarios para demostrar que quieren trabajar y dar resultados. Castro no debe estar más tras las rejas, eso lejos de ayudarlos, los degrada.
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