Mientras tanto en Michoacán, Colima, Zacatecas…
Mientras en el centro del poder político, en el Palacio Nacional, corazón de la ciudad capital de la República, se debate quién miente más, quién ha sufrido más y quién merece la compasión de quién, en otros puntos del territorio nacional la disputa es por la vida. En Michoacán las Fuerzas Armadas intentan liberar poblaciones enteras bajo el control del crimen organizado; en Colima hay un toque de queda de facto ante los enfrentamientos violentos en las calles, y en Zacatecas las plegarias del gobernador no han evitado que esos que “se matan entre ellos” también maten inocentes, por citar sólo los tres estados el país que han sido noticia esta semana por la violencia.
Cada región tiene su particularidad y causas que explican la violencia, en un lugar es un grupo específico, en otro el enfrentamiento entre grupos o incluso entre miembros de lo que pensábamos era el mismo grupo. Lo que es común a la violencia en esos lugares -y lo es desde hace al menos tres décadas- es la incapacidad del Estado para controlar el territorio. Llevamos años escuchando las mismas explicaciones, que la violencia no es generalizada sino en zonas puntuales del país, que estamos mal, pero vamos bien. Seguimos, pues, atentos a los síntomas y no a la enfermedad.
Cuando era candidato, López Obrador nos propuso atacar las causas de la inseguridad. Ya como candidato electo hizo incluso foros para entender esas causas, pero como Presidente se le olvidó o simplemente renunció a escuchar. La pobreza y la desigualdad son algunas de las causas de la violencia, sí, sin duda, pero no las únicas y no de manera lineal. Hay muchas otras causas que influyen en la violencia, entre ellas y de manera primordial la falta de Estado y particularmente de Estado de derecho, y en eso no hemos avanzado.
La toma de Aguililla, Michoacán, por parte del Ejército mexicano, sin enfrentamientos, es una buena noticia, pero sin un proceso de reconstrucción social que pase, entre otras, cosas por la justicia, de poco servirá. Es la tercera vez que el gobierno federal interviene en Michoacán (lo hicieron antes en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto) y lo único que ha cambiado es el nombre del grupo criminal al cargo: La Familia, los Viagras, Carteles Unidos. Colima lleva más de una década descompuesto. Desde el asesinato del gobernador Silverio Cavazos (noviembre de 2010) el estado pasó en cuestión de meses de ser el más seguro del país al más inseguro, y a nadie en el centro le preocupó entonces ni le preocupa ahora. En Zacatecas la explicación sigue siendo la misma, sólo cambió el nombre del gobernador, de grupo delincuencial y el de las víctimas inocentes.
Allá, lejos de la Mañanera y sus falsos debates morales, hay un país que reclama urgentemente la atención del Estado.
diego.petersen@informador.com.mx