Masacre militar en Nuevo Laredo
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrió el pasado domingo el ataque a mansalva hacia siete jóvenes que fueron masacrados por un convoy de soldados con un saldo de cinco asesinados, un chico más que está muy grave en estado de coma inducido y un sobreviviente de 21 años, quien fue dejado vivo por los soldados y hoy valientemente cuenta los hechos tal como se vivieron.
Ocurrió así una de las masacres más graves y ominosas cometida por fuerzas de seguridad pública en lo que va del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo una salida a divertirse de siete jóvenes acabó con la vida de cinco de ellos, literalmente masacrados, un herido grave y un sobreviviente temeroso por su vida?
De los siete jóvenes, uno de ellos radicaba en San Antonio con su madre, pero con frecuencia viajaba a Nuevo Laredo donde vive su novia. Este joven de 21 años, Gustavo Ángel Suárez Castillo, era el dueño de la camioneta en la que viajaban los chicos. La noche de ese sábado, Gustavo Suárez fue enterado por su novia de que estaban embarazados.
Sea para festejar que iba a ser padre, sea porque sólo querían divertirse decidieron ir al antro de nombre Mister Pig. Cerca de las 4 de la mañana salieron y se dirigían a sus casas cuando se encontraron con el convoy militar compuesto por 20 soldados.
¿Qué ocurrió? Así lo cuenta Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo: “Los siguen a distancia cuatro vehículos militares durante 450 metros, el conductor de la camioneta toma la decisión de parar para ver qué quieren, ya detenidos, un vehículo militar, una pick up, los embiste por detrás e inmediatamente les empiezan a disparar, a la cabina y por parte del frente también. Los muchachos estuvieron a dos fuegos. Cinco de ellos murieron en el lugar de los hechos, uno quedó ileso porque se tiró al piso y otro más quedó muy grave por tres impactos de bala que lo mantienen en un estado de coma”.
El resultado de las necropsias, publicado por Alberto Pradilla en N+ y Pablo Ferri en El País, son contundentes: el conductor de la camioneta, Gustavo Suárez, recibió doce balazos, uno de ellos en el cráneo. “Le destruyeron su cabeza”, dijo su padre. El copiloto recibió diez tiros; tres jóvenes viajaban en el asiento de atrás: el tercero recibió cinco proyectiles, cuatro en la espalda; un cuarto joven, dos disparos, uno de ellos le provocó que se desangrara hasta morir, y el quinto joven un único disparo en la cabeza. Uno de ellos, herido de gravedad, como se dijo.
Y otro más sobreviviente. Se llama Alejandro Pérez Benítez, de 21 años, y ha declarado que lo dejaron vivo a condición de que grabara un video en un celular de un soldado, en que se declaraba que estaban huyendo, cuando no fue así.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado, dos día después de la masacre y admite que sus soldados dispararon a los jóvenes y que cinco de ellos murieron, pero pretenden hacer creer que fue por una confusión, y porque los jóvenes pretendían huir de la revisión. Cuando no fue así.
Pero hay demasiadas contradicciones en la versión oficial y especialmente el testimonio del joven Alejandro Pérez, quien cuestiona el relato oficial. Se ha intentado criminalizar a los jóvenes masacrados sosteniendo que traían armas, que el vehículo no traía placas, que era robada y que estaban huyendo. Todo es mentira. Jennifer Castillo, madre del conductor del vehículo, reveló que la camioneta traía una placa provisional de “cartón” (en un papel) e incluso mostró N+ el número de la matrícula: 2607J46, expedida por el Estado de Texas y que expiraba el 25 de abril.
La masacre de militares contra estos jóvenes en Nuevo Laredo es muy grave porque revela, en un solo cao, todos los efectos perversos que deja la militarización de la seguridad pública del país. Revela que no están capacitados para tratar con los civiles, que cometen con frecuencia violaciones a los derechos de las personas, y en ocasiones graves casos de ejecuciones extrajudiciales, como parece ser el caso. Y que cuando esto ocurre, desde el aparato militar se hace todo lo posible por encubrir a los responsables de estos delitos y graves violaciones a los derechos humanos. No debe permitirse la impunidad militar en la masacre de Nuevo Laredo, y debe levantarse de nuevo el reclamo de que los militares regresen a los cuarteles.
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