Lozoya y la campaña priista del 2012
En México hay poca literatura sobre las campañas políticas. Quizá se deba a que históricamente el fenómeno del dedazo captaba nuestra atención, pues era el momento realmente decisivo de la sucesión, y la campaña resultaba un trámite. Y aunque eso comenzó a cambiar en 1988, los libros que revisan lo ocurrido en procesos electorales son pocos o de corto alcance.
Lo paradójico es que en ningún momento nuestra política se ve expuesta a más riesgos que en las campañas. Es el momento en que los eventuales gobernantes quedarán embarazados de compromisos inconfesables, pero ineludibles si resultan ganadores. Quizá por eso el silencio. Incluso muchos perdedores preferirían que no se remuevan las aguas llenas de millones de pesos en efectivo que circulan antes y durante unos comicios.
En ese contexto, el caso Lozoya podría ser un parteaguas… o una decepción como en su momento lo fueron revelaciones truncas del Pemexgate, los Amigos de Fox y la operación de priistas a favor de Calderón en 2006.
Emilio Lozoya declaró al llegar a México el año pasado que en la campaña de Enrique Peña Nieto él pagó, con dinero de Odebrecht, un millón 600 mil dólares a consultores nacionales y extranjeros.
Según la denuncia que Lozoya interpuso en la Fiscalía General de la República, Luis Videgaray le ordenó once pagos a consultores de la campaña, mismos que fueron documentados en la averiguación de la Procuraduría como asesorías para proyectos de minería. (https://contralacorrupcion.mx/negocia-lozoya-fiscalia-general-de-la-republica/ )
En la declaración del 11 de agosto ante la FGR, Lozoya expone que Odebrecht ofreció cuatro millones de dólares para la campaña pero que sólo le depositaron tres millones 150 mil: “El propio Luis Weyll (director de Odebrecht en México) se encargó de hacerle llegar el mensaje a Enrique Peña Nieto. En un evento que hubo en el Camino Real en Polanco con el sector privado durante la campaña, el señor Luis Weyll y el señor Roberto Bishop, este último director general de Braskem México, me pidieron que los llevara a salud a Enrique Peña Nieto de forma personal al concluir el evento, siendo que Luis Weyll y Roberto Bishop le dijeron a Peña Nieto ‘estamos con usted y cuente con nosotros’ a los que Peña Nieto les contestó ‘muchas gracias por el apoyo que nos han dado’”.
A partir de eso, sostiene Lozoya, llegaron los depósitos a una cuenta suya en Suiza. “Una vez que fueron recibidos dichos recursos, y previo aviso a EPN y Luis Videgaray Caso, las instrucciones que recibí directamente de parte de Luis Videgaray Caso fueron las de realizar una serie de pagos a los siguientes consultores en el extranjero”.
La lista aportada por Lozoya incluye a mexicanos y extranjeros, entre estos J.J. Rendón, consultor orgulloso de trabajar para priístas, según lo declaraba él mismo, y quien en 2018 prometió que haría todo a su alcance para impedir que AMLO ganara la presidencia.
El tope de una campaña presidencial en 2012 era de 336 millones de pesos. Sólo esos pagos, no reportados al INE, habrían representado 17 millones de pesos, o 5% del límite legal.
No sabemos si Lozoya dijo la verdad a la FGR, pero es parte de “su” crónica de la campaña en la que fue protagonista.
Si se prueba que esos pagos fueron ilegales, ¿pudiera decirse que la presidencia de Peña Nieto fue ilegítima? La pregunta puede parecer ociosa o extemporánea salvo por un detalle. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción señala que un Estado no está obligado a honrar expropiaciones, contratos o concesiones que provengan de actos corruptos. ¿La reforma energética de EPN entraría en ese escenario?
Segundo punto. Los directivos de Braskem, dueños en México de la enorme planta Etileno XXI, han dicho en repetidas ocasiones que no se debe homologar a Braskem con Odebrecht, a pesar de que la primera forma parte del corporativo de la segunda. Lozoya contradice esos dichos al señalar que sus directivos operaban juntos sus negociaciones con el candidato Peña Nieto.
Esto es relevante no solo porque Braskem opera en México, sino porque el 12 de octubre pasado, el exdirector general de esa empresa fue sentenciado a 20 meses de prisión en Estados Unidos por ocultar sobornos a funcionarios brasileños. Los años en los que José Carlos Grubisich cometió sus fechorías incluyen las fechas en que esa compañía negoció ventajas contractuales para construir y operar su planta en Veracruz.
Y finalmente, la operación corruptora de Odebrecht en América Latina se basaba, precisamente, en intervenir en las campañas electorales para luego obtener contratos en los gobiernos resultantes de las mismas. Por eso ese escándalo fue un tsunami en la región, y estaría por serlo ahora en México. Así será sí y sólo sí López Obrador así lo quiere.
Una crónica de la campaña de 2012 está por escribirse. O no.
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