Los narcobloqueos y el capitalismo ilegal
Los episodios de violencia organizada que se vivieron esta semana en Jalisco y Guanajuato el martes y el jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, confirman lo que las autoridades no quieren admitir: que vivimos en México en una guerra informal no reconocida, que es funcional para jugosos negocios ilegales en donde la sociedad mexicana queda atrapada en medio del fuego.
Un operativo del ejército en Ixtlahuacán del Rio, para detener a Ricardo Ruiz Velasco, auto reconocido como jefe del cuerpo de élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató un nuevo episodio de narco-bloqueos y ataques a civiles y establecimientos en la zona Metropolitana de Guadalajara y en al menos seis municipios de Guanajuato. Estos hechos de violencia fueron perpetrados por grupos de halcones y sicarios para entorpecer la respuesta de las fuerzas de seguridad y permitir la escapada del mando del cártel.
Si bien el gobierno federal reportó 16 personas detenidas por los hechos de violencia, cinco en Jalisco y once en Guanajuato, el ejército fracasó en detener al líder del CJNG que pretendía capturar. Inicialmente se dijo que a pesar de los daños a vehículos y establecimientos comerciales, no se reportaron agresiones a personas, pero ayer se confirmó que en Jalisco fallecieron tres personas ajenas a los grupos criminales.
Apenas se hacía el recuento de daños de la violencia desatada por el CJNG en Jalisco y Guanajuato, el jueves se vivió una de las batallas más cruentas en esta guerra informal que vivimos en México. Luego de una confrontación entre las bandas criminales de Los Mexicles y Chapos en el Centro Estatal de Reinserción Social nº 3 de Ciudad Juárez, posteriormente ocurrieron varios episodios de violencia que incluyeron ataques directos a la población civil dejando once personas fallecidas, entre ellas una mujer embarazada y cuatro trabajadores de una estación de radio perteneciente al grupo Megaradio. Además de los disparos directos a la población, en este caso también de incendiaron intencionalmente varios comercios, en algunos casos con trabajadores y clientes en su interior.
Aunque estos episodios de confrontaciones entre fuerzas de seguridad y grupos armados privados no son nuevos, lo ocurrido esta semana escala en la intensidad de los ataques directos a la población civil. A diferencia del discurso predominante desde la clase gobernante que interpreta la mayoría de los homicidios como bajas entre los grupos de criminales, sintetizado en la frase “se matan entre ellos”, lo ocurrido esta semana en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez demuestra que la sociedad civil mexicana queda atrapada en medio del fuego de las fuerzas armadas públicas y los grupos armados privados al servicio de las empresas del capitalismo ilegal.
Para tratar de parar esta violencia organizada, debemos identificar correctamente este fenómeno: se trata de una guerra informal no reconocida por el Estado dado que todavía la conceptualizan como una guerra contra el crimen organizado en una falsa narrativa de buenos (el Estado y sus fuerzas de seguridad) contra los malos (los cárteles y sus ejércitos de sicarios). De ser sólo una guerra contra las drogas, ya hace tiempo que las amplias fuerzas del Estado habrían detenido a los principales capos y terminado con las actividades de estas empresas del crimen organizado.
Esta guerra informal es más amplia que una supuesta lucha de soldados y policías contra sicarios, implica un tipo de violencia que es funcional para que funcionen negocios ilegales que abren paso a jugosas dinámicas de acumulación de capital que benefician no sólo a los que están al frente de los cárteles de las drogas, las armas y la trata de personas, sino que benefician también a banqueros lavadores de dinero, empresarios que blanquean los capitales, y los mandos políticos, militares y policiales que permiten que estos lucrativos negocios sigan operando.
Mientras desde el Estado se siga permitiendo el funcionamiento de los negocios del capitalismo ilegal, por incapacidad para combatir a estas organizaciones criminales, por negligencia o por complicidad o todo junto, seguirán existiendo bandas de sicarios que protegen estas corporaciones, que se pelean plazas y territorios y continuará la simulación de la guerra contra el narcotráfico, con las secuelas de narco-bloqueos, masacres, homicidios masivos, ataques directos a la población civil, desplazamientos, desapariciones y cuerpos enterrados clandestinamente en fosas ilegales.
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