Los enemigos del Congreso
Ayer les contamos que en el Congreso de Jalisco se está incrementando el monto de la “Partida para Congresos y convenciones” de diputados y diputadas, por lo que la bolsa pasará de 1.4 millones a 7.3 millones de pesos. ¡Pero ya salió el peine!
Nos dicen que no están inflando los gastos para eventos. Resulta que es la partida de donde salen los gastos para publicar convocatorias y también para llevar a cabo los exámenes para los aspirantes a magistrados y demás cargos que elige el Congreso.
Una de las razones por las que se incrementó esa bolsa es porque han tenido que publicar dobles convocatorias, “gracias” a dos expertos en obstruir los procesos de selección: Gabriel Valencia López, quien ha frenado 16 procesos de designación de autoridades, al grado que ya fue denunciado por fraude procesal y extorsión. Y lo mismo sucedió con la jueza Graciela Anguiano Quijada, quien obstaculizó el nombramiento de una magistratura.
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Sobre este tema, cuentan que el chistecito de Gabriel Valencia ha costado millones de pesos al Congreso, al grado que, para pagar los compromisos, están transfiriendo recursos que tenían destinados para modernizar el Archivo legislativo y para cuidar adecuadamente los documentos históricos.
La conclusión es que las convocatorias y los exámenes, para los que han contratado al Ceneval y al Instituto Nacional de Administración Pública, han sido infructuosos y ahora tienen que pagar más de siete millones de pesos por las impugnaciones de Valencia y Anguiano. ¿Qué tal?
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El Tribunal Electoral de la Federación notificó ayer que Claudia Delgadillo, ex candidata de Morena a la gubernatura, perdió otro round en su impugnación, aunque no es el juicio donde pide la nulidad de la elección.
Mientras tanto, ya son más de 170 las organizaciones civiles registradas en la llamada “Marcha por la defensa de Jalisco”, convocada por Confío en México, en donde defenderán el triunfo de Pablo Lemus. Será este domingo y saldrán a las 10:00 horas del Jardín Reforma a la Plaza de Armas en Guadalajara.
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¡Ya se les cebó! A todos los que habían levantado la mano para ocupar la presidencia de Morena en Jalisco, les acaban de poner un requisito: no pueden ser dirigentes partidistas y, al mismo tiempo, tener un cargo público. La regla, dicen, fue establecida para todos los comités estatales por la futura presidenta nacional, Luisa María Alcalde. Esa orden tumba cualquier aspiración que tenían personajes como Carlos Lomelí (senador), Merilyn Gómez Pozos (diputada federal) y Favio Castellanos (diputado federal).
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Aunque en Jalisco hay actores que sus cargos los involucran más en el debate de la reforma judicial, quien se mantiene más activa es la presidenta del PRI, Laura Haro, quien suma varios posicionamientos en redes y en medios. Esta vez se reunió con jueces y magistrados asegurándoles que el tricolor luchará junto a ellos hasta recuperar su autonomía. ¿Y los demás integrantes de la oposición cuándo?