Los diputados y la manzana envenenada
Una dulce, carnosa y jugosa manzana envenenada. Eso nos comimos el viernes pasado con la nueva Ley de Movilidad de Jalisco aprobada por los diputados de MC y el PAN en el Congreso del Estado.
Diego Monraz, secretario de Transporte y verdadero autor de la iniciativa en los aspectos clave (el político y económico), la festejó como “una de las leyes con el más amplio proceso de parlamento abierto en la historia reciente de Jalisco”. No obstante, hay elementos para presumir que este argumento sólo es un disfraz.
Mónica Magaña, diputada naranja y presidenta de la Comisión de Movilidad, destacó que para crear esta ley se realizaron 87 mesas de trabajo con más de dos mil participantes durante tres meses.
¿Entonces por qué circularon el dictamen apenas una noche antes de votarla en fast track y sin la opinión final de más de 20 colectivos, universidades y organismos empresariales que participaron en el parlamento abierto?
Si la nueva Ley de Movilidad tiene 420 artículos contra 222 de la actual, ¿no era razonable atender el punto de vista de la sociedad civil en torno al resultado final? Pero demos el beneficio de la duda a los diputados. Era imposible dejar contentos a todos y por eso, supongamos, impusieron el dictamen final.
Sin embargo, en el parlamento abierto los diputados jamás consultaron, analizaron o propusieron el subsidio a los transportistas por 500 millones de pesos para “congelar” la tarifa en este sexenio.
Tampoco sometieron a discusión la decisión política de que la entrada en vigor de la indexación de la tarifa (que el usuario pague lo que cuesta según la inflación y costos de operación) aplique hasta el segundo semestre del 2024. Es decir, después de la elección, lo que le evita el costo político a Enrique Alfaro ante cualquier alza a la tarifa, pero a nosotros nos cuesta un subsidio millonario a los camioneros durante dos años.
Pero eso no es todo. Cualquier subsidio al transporte debe ser avalado por el órgano colegiado del Comité Técnico de Validación a partir de un análisis técnico de la tarifa y un estudio de impacto social. El gobernador ignoró esa ruta legal, por lo que entregarle millones sin justificación a transportistas está al margen de la ley (¿alguien conoce el estudio en que basó su propuesta para que fueran 500 millones y no 300 o mil millones?).
El rédito político de esa operación con nuestro dinero se verá en los próximos días con una campaña publicitaria y cien mil volantes de Movimiento Ciudadano para presumir que “congelaron” la tarifa.
La prisa de los diputados no era por garantizar la seguridad vial, accesibilidad y movilidad sustentable de los jaliscienses sino por capitalizar políticamente el subsidio y evitarle un costo político al partido y al gobernador en 2024.
Esa es la manzana envenenada.