Lodo para cerrar campañas
Como era de esperarse, en los últimos días de campaña iba a arreciar el intercambio de señalamientos entre los contendientes en el proceso electoral en marcha, especialmente entre los punteros de los distintos partidos políticos a los principales puestos de elección popular en juego. En Jalisco, sin duda, los municipios de Guadalajara y Zapopan.
A las acusaciones de las licitaciones a modo que les permitieron presuntas millonarias ganancias en negocios personales lanzadas por el bando morenista en contra de los candidatos naranjas, Pablo Lemus y Juan José Frangie, ayer los dirigentes del partido Movimiento Ciudadano aprovecharon la publicación del medio Latinus que revivió los problemas que tuvo el aspirante de Morena a Guadalajara, Carlos Lomelí, con las autoridades de Estados Unidos y añadió su supuesta vinculación con el cártel de Sinaloa por la venta de precursores químicos, por lo que habría pagado 2.7 millones de dólares para librar los cargos que le hizo la DEA, para pedir que se le retire la candidatura.
Anunciaron, además, que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, para que investiguen los ingresos del candidato opositor, y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que revisen los gastos de campaña y el origen de los recursos gastados no sólo en Guadalajara sino en el resto de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Tanto los candidatos de uno como de otro partido han salido a negar las acusaciones y a atribuirlas a la “guerra sucia” de sus adversarios por el hecho de que van arriba en las encuestas. Ayer, por ejemplo, Lomelí respondió que era una difamación para crearle una leyenda negra por un caso “cerrado y aclarado” hace más de una década. Que se trataba de un refrito y por eso la embistió también en contra de Latinus, al que llamó “medio fachada” financiado por los adversarios del Gobierno de la 4T, entre los que dijo, está el gobernador Enrique Alfaro, para difundir “filtraciones falsas, imprecisas y noticias a modo que a ellos les convienen”, utilizando fuentes anónimas.
Ese intercambio de acusaciones y sus consecuentes autoexoneraciones suceden en cada proceso electoral y son inevitables. Toca a cada aspirante y a sus equipos asumir responsabilidades y solventar y anular los señalamientos y culpas que les achaquen, al árbitro electoral sancionar los golpes bajos de las y los contendientes, a las autoridades correspondientes investigar los presuntos delitos, y lo más importante, que las y los electores hagan una revisión crítica para valorar los pasados, las trayectorias y la reputación de las mujeres y los hombres que buscan ser Gobierno, para que la decisión a tomar el próximo 6 de junio no se nuble con la guerra de lodo que seguirá hasta que las campañas terminen el miércoles próximo, o incluso hasta la jornada electoral.
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