Lo que los diputados no confiesan
Desde afuera, pareciera que en el Congreso del Estado todo es un pastel en permanente reparto. Es decir: ¿quién va a quejarse de trabajar poco y ganar mucho? Parece un proceso consumado, pero los trabajadores ordinarios en el Poder Legislativo también están sujetos a los abusos de algunos de los diputados.
En esta sexagésima tercera Legislatura, dicen los entendidos, hay dos constantes que se comprueban sin mucho esfuerzo.
La primera es que la mayoría de sus integrantes son diputados con escasa o nula experiencia. El cargo no les otorga conocimiento, ni las buenas intenciones (si las tienen) les permiten desempeñarse para cumplir con algunas de sus funciones principales: legislar (y eso implica ser justos), gestionar recursos en favor de la población y hacer política de mayor nivel. En honor a la verdad, personajes como José María Martínez, Enrique Velázquez, Mara Robles, Claudia Murguía, Hugo Contreras, Hortensia Noroña y quizás, Erika Ramírez, son los de los pocos elementos en el Congreso que saben “de qué se trata” su labor.
La segunda constante es que los diputados, ellos y ellas, carecen de un proyecto concreto y de largo plazo, que les permita pasar más allá de las discusiones de siempre: el presupuesto del Gobierno estatal, el presupuesto del Congreso, la discusión en torno de los nombramientos para cargos que están repartidos entre las fracciones partidistas y a veces, los castigos impulsados por los reclamos sociales.
Así de simple. Así de claro. Los clásicos hablan de los diputados como “el legislador”, ese ente que tiene en sus manos la sacra obligación de darnos leyes y orden, pero la realidad es otra.
¿En qué sí se ocupan en el Congreso local? Desde esta Palestra, va la más reciente: hay poco más de 60 trabajadores de los diputados que han sido hasta ahora personal de confianza, o supernumerarios, que es el término técnico. A este grupo de colaboradores que llegaron al Poder Legislativo impulsados por diferentes partidos políticos les aplica una legislación que les garantiza tener una plaza permanente cuando hayan laborado por al menos tres años y seis meses de manera ininterrumpida. Y si han tenido una interrupción de no menos de seis meses, pueden también reclamar su plaza permanente como burócratas cuando cumplen más de cinco años.
En ese caso se encuentra este grupo de trabajadores a la orden de los diputados... y quieren limitar sus derechos.
En particular, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, y el secretario general del Congreso, Tomás Figueroa Padilla, en acuerdo con otros coordinadores, pretenden que estas más de 60 plazas se condicionen y si es posible, se cancelen.
El “fuego” inició por la negativa de la fracción de diputados de Morena a aprobar el Presupuesto 2022. Posteriormente, se intentó parar el proceso de nombramiento de los supernumerarios relacionados con Morena, pero el tema impactó también a los recomendados de otros partidos políticos.
Ahora, el asunto es inocultable.
Se menciona que hay una exigencia para ellos: firmar un documento en el que se comprometen a no acudir ante las autoridades laborales para reclamar el derecho que les da la ley vigente. Irrisoria y hasta ofensiva, considerando que se pide en la casa de las leyes: el Congreso.
Es totalmente cierto que la población, genéricamente dicho, no aprueba el aumento de trabajadores en el Congreso. Pero si los diputados promueven un Servicio Civil de Carrera (aprobado la semana pasada, con múltiples vicios) y hacen más transparente su quehacer como legisladores, gestores y políticos honestos (aunque parezca contrasentido), no necesitarán pagar sus espacios públicos con cargos y sueldos que se cargan al erario.
Eso es lo que no confiesan.
jonasn80@gmail.com / @JonasJAL