Ley de Seguridad Interior
El 11 de mayo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que envió AMLO en el que ordena la militarización de la seguridad pública por cuatro años hasta el 12 de mayo de 2024, en el cual se otorga a las fuerzas armadas una intervención en la seguridad pública.
Según nuestra Carta Magna, las fuerzas armadas sólo están encargadas de la seguridad nacional frente a enemigos externos que pongan en riesgo la existencia del Estado.
Esa Ley regula la intervención de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, contiene los supuestos y el procedimiento para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior y el modo en que podrán intervenir las autoridades federales. Quedan supeditados a esta Ley, la de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública por lo que está facultado para emitir la Declaratoria de Protección, Acciones y Amenazas y riesgo a la seguridad interior y el uso legítimo de la fuerza.
Según la Ley, en su artículo segundo define lo que debe entenderse por Seguridad Interior, como la seguridad que proporciona el Estado Mexicano para salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de Gobierno e instituciones, mediante el mantenimiento del orden constitucional, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo del territorio nacional, así como prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten a la seguridad nacional. Será la Suprema Corte la que interprete el alcance y si son operativas las controversias constitucionales que se han interpuesto en contra de este instrumento legal que ha causado polémicas por el peligro que encierra el inmenso poder que se otorga. Dado que es el Presidente de la República el jefe de todas las fuerzas armadas, es un paso que nos lleva derechito a la dictadura.
Durante su discusión en el Congreso, distintas organizaciones de ciudadanos, de derechos humanos y la ONU alertaron de los riesgos que tiene una Ley que da tanto poder a las fuerzas armadas y que en un momento dado puede hacer uso de ellas el Ejecutivo porque la propia ley le otorga esas facultades.
Desde la época del presidente Calderón se planteó la necesidad de que las fuerzas armadas intervinieran en el combate a la delincuencia organizada y como objetivo principal se estableció “Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado”.
No obstante, subsiste el peligro de que en cualquier etapa de esta lucha se restrinjan las garantías individuales y el ejército en un momento dado no quiera regresar a sus cuarteles en busca de la seguridad perdida.
En resumen, el ejército no está constituido para ese propósito ni tiene el entrenamiento adecuado ni la capacitación; no obstante, las leyes le otorgan facultades para determinar quién o quiénes constituyen un peligro para la seguridad nacional y entrar a las casas sin una orden judicial y meterte a la cárcel.
AMLO amplió facultades y fuentes de ingresos al ejército; canceló los fideicomisos pero, al del ejército lo aumentó mil por ciento. El ejército está metido en todo, esto es un gran paso para meternos en una dictadura.