Las Villas Panamericanas y el juego del tío Lolo
¿Qué nos pasa a los mexicanos? ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre y evadimos el riesgo de molestar a alguien cuando tratamos asuntos escabrosos? ¿Por qué en vez de ir al origen de los problemas les damos vueltas y perdemos la oportunidad de corregir lo que está mal?
El de la Villas Panamericanas tiene que ver con la codicia de los desarrolladores inmobiliarios y la irresponsable complacencia de las autoridades -la intervención del Presidente Fox o de Martha Sahagún- que, lejos de proteger a la sociedad, como era su obligación, se coludieron (por la razón que usted quiera) para facilitar un negocio. Todo inició cuando se decidió construir un estadio de fútbol en una zona vedada y protegida por una sola razón: el riesgo de afectación de la cuenca hidrológica que corre por el poniente del valle, desde Zapopan hasta adelante de Las Juntas, dado que, puntualmente, en El Bajío, se encuentran algunos predios de recarga de los mantos acuíferos que proveen a la zona metropolitana.
Desde siempre, fueron terrenos muy codiciados por los promotores inmobiliarios. Hubo muchos intentos de los interesados: proyectos iban y venían, entre ellos, un hipódromo, mas nunca prosperaron porque las organizaciones intermedias de la sociedad -Cámara de Comercio, Consejo de Cámaras Industriales, Centro Empresarial, además de otras- se opusieron.
Finalmente cedió el gobernador González Márquez, dejando al futuro un tema de salud pública muy delicado, seguramente inspirado en la vieja costumbre de delegar la solución al que venga después: “El de atrás que arree”.
Luego del estadio, llegaron las famosas Villas -idea de Herbert Taylor Arthur- para resolver el problema que representaba el alojamiento de los atletas que asistirían a los Juegos Panamericanos. Por cierto, la mejor prueba de que los terrenos no son aptos para habitarse es el cochinero que quedó después. Ahora, el argumento que se utiliza para justificar lo injustificable es que ya están ahí y que se debe recuperar el préstamo que Pensiones hizo, arbitrariamente, para su financiamiento.
Es un hecho que, con posterioridad, ha traído todo tipo de abusos provocados por la influencia y la incuria, ni duda. Que el trabajo de los juzgadores es cuestionable, no desde el punto de vista estrictamente legal, sino de lo que subyace en sus resoluciones: solo un necio no lo advierte. Pero todo lo que se está viviendo no hubiese sucedido de haberse respetado el derecho de los tapatíos a evitar la contaminación de los acuíferos. Solo existen dos alternativas -con algunas variables- para resolver el enredo. En la inteligencia de que se han generado múltiples derechos que, de buena o mala fe, se adquirieron y que, a no dudar, disputarán sus afectados: una es derrumbar lo construido, hecho que se antoja muy difícil, y la otra, es dejar las cosas en el estado que guardan y establecer límites -dentro de la ley- para evitar que se repitan este tipo de latrocinios. ¿Y el castigo a los depredadores, cuándo?