La vuelta a la opacidad
La lucha ciudadana por reglamentar el derecho a la información pública y a la transparencia gubernamental en México inició desde 1977.
Eran los tiempos autoritarios del PRI como partido único, siendo presidente José López Portillo, cuando hubo avances mínimos pero que desembocaron en la primera Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Gubernamental promulgada el 11 de junio de 2002, que se tuvo que replicar en todas las Entidades del país.
Ocurrió en el primer Gobierno de la alternancia de Vicente Fox, luego de 25 años de esfuerzos y vencer resistencias del poder, cuando en el país se celebraba el ingreso a una incipiente etapa de consolidación democrática.
Fue un gran paso que logró incluir en la Constitución Mexicana principios y derechos que figuraban desde la Declaración del Hombre de 1789 y que fueron definidos más específicamente como el derecho a la información en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU en 1948. Vino luego la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el 12 de junio de 2003, y su evolución al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en mayo de 2014, cuando luego de varias reformas se fue perfeccionando esta Ley, incluyendo el derecho a la privacidad.
Todas estas conquistas ganadas en muchos años de lucha desde la sociedad civil, especialmente desde el ámbito académico y del medio periodístico, se fueron a la basura el miércoles pasado que la aplanadora legislativa de los morenistas y aliados decidió desaparecer el INAI, y otros seis Órganos Constitucionales Autónomos (OCA): la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, cuyas funciones las absorberán el Inegi y otras cinco secretarías de Estado.
La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que habrá más transparencia sin el INAI, al señalar algunas observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (AFS) de irregularidades en ese órgano. Lo dicho, sin duda en todo este andamiaje institucional que se fue creando para acotar el poder del Estado se han cometido excesos que se hubieran podido corregir, pero nunca tendremos el mismo acceso a la información pública siendo el Gobierno juez y parte.
A lo largo de 21 años, los ciudadanos fueron valorando el hecho de que cualquier autoridad tenía la obligación de darles la información que le requerían, y que si se negaban a hacerlo ahí estaría el INAI para obligarlos. No se diga el gremio periodístico, que encontró en la Plataforma Nacional de Transparencia un instrumento inmejorable para realizar investigaciones periodísticas que destaparon innumerables casos de corrupción de los Gobiernos.
Dos décadas del INAI no terminaron con el sentido patrimonialista que persiste en la clase política y gubernamental, y que ahora festejan este regreso a la opacidad.
La 4T cierra el INAI y estos otros OCA, con la justificación de que eran un despilfarro y vestigios de gobiernos conservadores, pero en realidad, los desparecen porque les resultan incómodos por representarle un contrapeso a un Estado y a un nuevo régimen que quiere de nuevo un poder absoluto.
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