La violencia amenaza las elecciones 2024
Como no se había visto en varios procesos electorales anteriores, en Jalisco se ha enrarecido el ambiente mientras más se acerca el cierre de las campañas. Las denuncias de agresión, los videos de hechos que llegan a conflicto, los rumores difundidos por varias candidatas y candidatos, las confrontaciones incluso por las mantas que se han colocado en fachadas de domicilios particulares… todo se está acumulando para que el 2 de junio, día de la votación, el ambiente sea tenso. Y peligroso.
Personajes de diferentes equipos de campaña aseguran que en Tlajomulco, en Tonalá, en El Salto, en Tlaquepaque, en colonias de Guadalajara y Zapopan, los grupos de simpatizantes se dedican más a agredir a los contrarios que a promover a sus candidatos.
Adicionalmente, y como se ha documentado en redes sociales y en medios de comunicación, existe un discurso de acusación muy puntual contra el árbitro electoral. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) está literalmente bajo fuego. A los consejeros electorales los han acusado de ser parciales y tener un acuerdo en secrecía con Movimiento Ciudadano (MC), pero lo más desestabilizante para el proceso electoral es que incluso se ha pedido que el Instituto Nacional Electoral (INE) los remueva a todos.
En este ambiente previo, lo más natural es que se llegue al 2 de junio con ánimo de confrontación. Eso no sería ningún problema cuando la elección es finalmente el mecanismo civilizado y legal para el traspaso del poder; pero no se trata de un día de campo, sino de una lucha donde el objetivo es derrotar al contendiente, cueste lo que cueste.
Tampoco es novedad que los contendientes en las elecciones lancen críticas contra las autoridades electorales. Casi podría decirse que parte del trabajo de las autoridades electorales es aguantar todas las críticas y descalificaciones. Finalmente, la presencia de los tribunales electorales y sus sentencias son lo que permite que las diferencias queden en el papel.
Sin embargo, hay un elemento adicional que debe manejarse con responsabilidad: la posibilidad de resultados muy cerrados.
Puede ocurrir, y así lo indican numerosas encuestas, que en la contienda por la gubernatura de Jalisco e igual en la elección por varias alcaldías, la diferencia entre los dos punteros sea muy pequeña. Las crisis que esto puede ocasionar ya las experimentamos en la elección presidencial del año 2006, cuando por menos de un punto porcentual, Felipe Calderón fue declarado ganador de la elección por sobre Andrés Manuel López Obrador. Ese cierre fue tan traumático que sus consecuencias se arrastraron durante toda la administración calderonista y de hecho, alimentan todavía la animadversión y la narrativa que el actual Presidente saliente espeta contra su antecesor.
Y por si no faltaran otras fuentes de riesgo, está la violencia. Han sido asesinados más de 20 candidatos y candidatas de todos los partidos y en varios estados del país. En Jalisco, al menos tres personas encajan en el perfil de político asesinado en las actuales elecciones.
No se trata de alentar una visión catastrofista.
Desde que en Jalisco ocurrió la alternancia en 1994, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue por primera vez derrotado en la contienda por la gubernatura, se han resuelto favorablemente todos los procesos electorales. Pero ciertamente, atestiguamos posturas más polarizadas, actores públicos (conocidos algunos, anónimos la gran mayoría) más decididos a actuar con la fuerza antes que con apego a las normas. Hay más circunstancias que no favorecen la civilidad.
Los actores públicos, precisamente quienes aspiran a ocupar el poder, son los primeros obligados a sensibilizarse y reducir los riesgos.