¿La región más transparente?
En el periodismo de investigación hay una máxima que es la más difícil de cumplir: uno debe reportear en contra de sí mismo.
La idea de reportear contra tu propia hipótesis y sesgos supone un principio ético para buscar el máximo grado de verdad y apego a la realidad. Nada hay más peligroso que un investigador convencido de su teoría antes de probarla.
Bajo ese principio quiero reflexionar sobre la desaparición del INAI y su versión local, el ITEI, organismos encargados de garantizar el derecho a la información.
Ambos viven sus últimos días. Hoy la bancada morenista podría aprobar la reforma constitucional para desaparecerlos.
De ser así, los dos órganos serán liquidados en el primer semestre del próximo año para que sus atribuciones pasen a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el caso federal, y la Contraloría estatal, en lo local.
Una crítica sugiere que, si el INAI desaparece como organismo autónomo y el derecho a la información pasa a depender de una secretaría de Estado, el gobierno se convertirá en ‘juez y parte’ en el acceso a la información pública.
Por ejemplo, si pido información comprometedora sobre el jefe de gabinete estatal, el funcionario responsable de entregarla, ¿dará prioridad a mi derecho a la información o a salvar su pellejo ante la orden de un jefe todopoderoso?
Ahora trasladen ese caso hacia ámbitos fuertemente jerárquicos como los militares o altamente corruptos como las secretarías de obras e infraestructura.
Por otro lado, los morenistas insisten en que estos organismos se convirtieron en costosas burocracias doradas.
Creo que ambas posturas tienen algo de razón, pero trataré de “reportear” en contra de mis propias ideas.
Los organismos autónomos han hiperburocratizado la transparencia.
Para redactar mi reciente columna “¿Qué oculta Diego Monraz?” tardé casi dos horas en ordenar oficios, recursos de revisión, notificaciones, correos, y un mar de fojas con plazos, respuestas, negativas, afirmativas, etc.
Ante esta realidad, el derecho a la información se ha convertido en una prerrogativa para gente especializada como periodistas o juristas.
El INAI promociona un spot con una historieta ficticia en la que, mediante una solicitud de información pública, “Francisca” logra que envíen un médico a su pueblo remoto en la sierra. Este ejemplo del valor de la transparencia es, en realidad, una idealización alejada de la compleja maraña burocrática de estos organismos.
Hay información, hasta cierto umbral, que puede garantizar el INAI o una secretaría de Estado porque es inocua. Datos generales, no comprometedores.
Pero hay otro pedazo del “pastel”, en donde la decisión siempre está en manos de las dependencias y funcionarios, exista o no un organismo autónomo.
Pienso en el caso Odebrecht, en donde el INAI ordenó a la FGR abrir el expediente. Después de varias resoluciones y cuatro amparos, el juez le dio la razón al INAI, pero la FGR fue omisa en entregar la información.
Ha habido casos de éxito, cierto, como La Estafa Maestra, el socavón exprés o La Casa Blanca, pero hasta qué punto son rarezas o parte de la consolidación de un “derecho llave”.
En Jalisco, el partido político Futuro acumula decenas de llamados y sanciones para transparentar información, igual que muchos sujetos obligados, que simplemente ignoran las medidas.
Los organismos autónomos y las leyes ayudan, pero seamos claros, el derecho a la información también es un asunto cultural, de libertades democráticas y apertura que los entes públicos y la clase política no siempre están dispuestos a cumplir.
La transparencia no está en manos de instrumentos jurídicos o “brokers” como el INAI, sino de personas con intereses capaces de torcer la interpretación de la ley para ocultar información y evadir la rendición de cuentas.
El problema no se resuelve con austeridad o con la idealización de este derecho. Hay que partir de una visión más realista.