La pugna Alfaro-UdeG a las calles otra vez
Casi seis meses después de la última megamarcha convocada por las autoridades universitarias de la máxima casa de estudios pública de Jalisco, hoy nuevamente saldrán a las calles estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad de Guadalajara a exigir mayor presupuesto al Gobierno del Estado.
La marcha del 26 de mayo pasado estuvo marcada ya por el abierto conflicto político que desde hace más de un año protagonizan el gobernador Enrique Alfaro y el jefe del grupo político que ha controlado la UdeG desde hace más de tres décadas, el ex rector Raúl Padilla López, también presidente de la Feria Internacional del Libro, que vuelve a la presencialidad total el próximo sábado.
En aquella ocasión el reclamo central era la amenaza cumplida del Gobierno estatal a la autonomía universitaria por reasignar 140 millones de pesos que estaban destinados para terminar la primera etapa del Museo de Ciencias Ambientales, y que fue tomado por el gobierno universitario encabezado por el rector general Ricardo Villanueva como una revancha del grupo alfarista por el impulso y creación del partido político estatal Hagamos desde el grupo padillista.
Como lo he planteado aquí, lo que han tenido Alfaro y Padilla es una relación pendular entre el odio y el amor, que hoy ponen en entredicho los señalamientos que desde el Gobierno estatal se hacen a los manejos discrecionales en la UdeG, de los que en distintos momentos se han beneficiado cuando han jugado como aliados.
En la megamarcha de hoy las peticiones y los ánimos de los Leones Negros son distintos. En el centro de los reclamos estarán los más de 124 millones de pesos que la UdeG reclama para que la asignación presupuestal del 2023 para la casa de estudios alcance al menos el porcentaje de la inflación.
En cuanto al “humor social” con el que saldrá la comunidad universitaria, lo que se puede decir es que además de que esta vez el conflicto ha escalado como nunca, hay provocaciones que han venido del Poder Judicial, pero sobre todo del Poder Legislativo, que lejos de buscar desactivar el conflicto asumiendo un papel imparcial e independiente como los obliga la Constitución, se han alineado a los designios del Poder Ejecutivo.
Desde el diálogo que simularon las y los diputados de la mayoría naranja y sus aliados con el Rector Villanueva el sábado pasado, y el albazo de ayer con la aprobación fast-track del presupuesto de egresos 2023 con otro recorte a la Universidad incluido por osar marchar, el Legislativo ha contribuido a la radicalización de este conflicto cuando su papel debería ser pugnar por una auténtica transparencia y justificación del gasto público de tirios y troyanos, en la Universidad de Guadalajara, en el Gobierno del Estado y en el resto de las dependencias públicas, pero sin asumir posturas facciosas y sumisas.
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