La pobreza, más allá de las mediciones
¿Cuál es el sentido de medir o intentar medir la pobreza en un país? Pueden plantearse diversos objetivos centrales: uno de ellos, y quizá el principal, es determinar si se trata de un problema estructural, es decir, si la pobreza es un efecto inherente al modelo o curso de desarrollo que se ha implantado en el país. En ese caso, el Estado tiene la responsabilidad de generar todas las transformaciones requeridas para que, de manera progresiva, la situación de modifique en el menor tiempo posible.
Sin duda, toda medición tiene como objetivo incidir en la transformación de las decisiones de política pública para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales en términos de planeación del desarrollo y la garantía de los derechos sociales. Esto además de que todo instrumento de medición va a depender de las variables que utiliza, pues más allá de las técnicas de cálculo, existen modelos conceptuales distintos que llevan a resultados diferenciados. Esto puede verse claramente en la medición de la pobreza que hace el Coneval, frente a los resultados que se obtienen por el organismo evaluador de la política social de la Ciudad de México.
Ahora bien, cuando las mediciones muestran que se está ante una condición de pobreza estructural, las diferencias en términos de puntos porcentuales pasan a segundo plano, y lo que las instituciones públicas y los análisis de las y los expertos deberían hacer es discutir con la intensidad necesaria para llegar a consensos sobre cuáles deben ser las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales que deben construirse para modificar los factores que determinan estructuralmente la pobreza.
Desde esta perspectiva, “cantar victoria” ante avances relativos y coyunturales es un mero acto de propaganda y en poco abona a la generación de una estrategia integral en la materia. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer, con los recursos disponibles, para reducir el porcentaje y número de personas que no tiene cobertura en salud, y que son 50.4 millones de personas. La cuestión es pertinente porque la pregunta es si pueden sostenerse los programas de transferencias de ingresos si se destinaran los recursos que se requieren para un sistema nacional de salud que garantice la dignidad humana de forma universal.
¿Cómo se va a sacar de la pobreza extrema a los 9.1 millones de personas que en 2022 se estimaron en pobreza extrema? La cuestión es de la mayor importancia, pues es claro que las transferencias de recursos no son suficientes. Y aquí una vez más cabe la pregunta, ¿podrían seguir distribuyéndose en monto y criterios de asignación las transferencias de ingresos, si se hiciera lo necesario para reducir la pobreza extrema en el país, la más arraigada y difícil de reducir?
Y la otra cuestión de fondo: ¿podemos seguir midiendo a la pobreza sólo bajo los parámetros que se usan hoy, o deben incluirse variables como el gasto en seguridad y protección que realizan los hogares, los costos de ser víctimas del delito, los gastos de cuidado y traslado de personas enfermas o dependientes, o el costo económico asociado a la pérdida de años de vida saludable de las personas?
Más preguntas: ¿podrían mantenerse los programas de transferencia de recursos, si se priorizara la garantía universal de acceso efectivo al agua potable?, porque sólo alrededor del 60% de las viviendas la recibe al día. ¿podría mantenerse la misma política social si el país decidiera reducir a cero el número de viviendas donde se cocina con leña? ¿Podríamos mantener los mismos programas, de tomar como prioridad reducir a la mitad el número de personas con obesidad y sobrepeso, problemas de salud que contribuyen anualmente a la muerte de alrededor de 250 mil personas?
Dadas las condiciones estructurales de desigualdad, carencias, miseria y hambre que hay en el país, puede sostenerse que aún cuando se universalizara un ingreso por arriba de lo que hoy se considera la línea de la pobreza, México seguiría siendo un país profundamente pobre y desigual. Y eso es lo que tenemos que discutir con seriedad.