La orden de arresto contra Putin
El primer tribunal penal internacional permanente del mundo, la Corte Penal Internacional (CPI), dictó una orden de detención contra Vladimir Putin el jueves pasado. La Corte, creada como un organismo internacional que investiga y juzga, en su caso, a las personas acusadas de los crímenes más graves que preocupan al mundo, como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
La orden de captura es de la mayor relevancia, dado que se trata de una acción que tendrá consecuencias geopolíticas de cara a la evolución de la guerra en Ucrania, a pesar de lo poco probable de su ejecución en el corto plazo. Es un hecho notable también porque el Tribunal, desde su creación el 1 de julio de 2002, solamente ha procesado 31 casos y emitido 38 órdenes de detención contra personajes acusados de los delitos de mayor gravedad en la comunidad internacional; ha dictado 10 sentencias condenatorias y 4 absolutorias. Entre ellas, sentencias contra crímenes cometidos por ejércitos que abusaron de niños y mujeres en los conflictos armados, como el famoso caso de Jean-Pierre Bemba de la República Centroafricana, condenado en 2016.
El caso de Vladimir Putin, que incluye también a la señora Maria Lvova-Belova, Comisaria para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, se construyó sobre la base de las pruebas recopiladas y analizadas por el fiscal Karim A. A. Khan, que consideró que existen motivos razonables para creer que el Presidente Putin y la Sra. Lvova-Belova son penalmente responsables de la deportación y el traslado ilegales de niños ucranianos desde las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia.
Los incidentes identificados incluyen la deportación de cientos de niños sustraídos de orfanatos y refugios de menores. Muchos de estos niños, se presume, han sido dados en adopción en la Federación Rusa gracias a una modificación legal para agilizar la concesión de la ciudadanía rusa, facilitando que fueran adoptados por familias rusas.
Estos actos presuponen la intención de expulsar permanentemente a estos niños de su propio país, alejándolos de sus familias. En el momento de estas deportaciones, los niños ucranianos eran personas protegidas por la Convención de Ginebra, que obliga a la protección de la población civil en casos de guerra.
El fiscal personalmente viajó a Ucrania y se cercioró de los hechos que sustentan el caso y corroboró la necesidad de una actuación inmediata para conseguir que se rindan cuentas de estos hechos y que los niños sean devueltos a sus familias y comunidades. Porque, como él mismo subrayó en una declaración pública: “No podemos permitir que se trate a los niños como si fueran botín de guerra”.
Esta puede ser la primera actuación de una serie de casos para sustentar un posible proceso criminal contra los líderes rusos. Pero quizá el valor simbólico más trascendente es subrayar la importancia de la vigencia de las normas internacionales en los conflictos armados. El uso de la fuerza contra la población civil es la mayor amenaza cuando se trata de aplicar armas de destrucción masiva, como en el caso de las armas nucleares.
En ese sentido, la orden de detención, que es por sí misma en este momento de muy difícil ejecución, representa una advertencia sobre las consecuencias que tendría una escalada de la violencia contra los civiles, cuando la guerra parece encaminarse hacia episodios definitivos en la primavera.
Y es también un grito civil en favor del derecho, de la aplicación de los instrumentos internacionales como mecanismos para evitar el regreso a la barbarie que significa la guerra. Hechos como los que suceden en Ucrania no pueden pasar desapercibidos y la acción de la CPI resulta fundamental para hacer visibles hechos que resultan intolerables.