La libertad en internet amenazada
La navegación en internet parte de la neutralidad de parte de las empresas propietarias de la infraestructura, sobre la que se despliega la red. El Gobierno de Estados Unidos ha propuesto eliminar las normas que aseguran la neutralidad, lo que ha abierto un debate no solamente técnico, sino respecto a la defensa de la libertad de expresión y de acceso a la información que trasciende las fronteras por su impacto potencial en el mundo.
Este conjunto de regulaciones que fueron introducidas en 2015, están dirigidas a garantizar la llamada neutralidad de la red y consisten esencialmente en tres principios que hasta ahora son obligatorios para las empresas de telecomunicaciones:
1.- No bloqueo. Los proveedores de banda ancha no pueden bloquear el acceso al contenido de aplicaciones, servicios o dispositivos, siempre que sean lícitos.
2. No bandwidth throttling. Los proveedores no pueden perjudicar o degradar el tráfico de internet sobre la base de contenidos, aplicaciones, servicios o dispositivos que no sean nocivos.
3.- No priorización de alguna parte del tráfico sobre el resto a cambio de cualquier tipo de contraprestación. No hay vías rápidas para los clientes propios de las compañías en detrimento del tráfico general.
La propuesta de eliminar estas regulaciones fue presentada por el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, quien por cierto trabajó para el gigante de las telecomunicaciones Verizon. La propuesta probablemente será discutida en la próxima reunión de la FCC el 14 de diciembre. Esto abriría la puerta para que las empresas que manejan el tráfico pudieran interferir en los contenidos, discriminarlos y establecer cobros para dar mayor prioridad o velocidad.
Pero lo más importante es que potencialmente podrían controlar los contenidos que se emiten y a los que acceden sus clientes, para generar ingresos o para otros fines que pueden incluir los políticos. Esto constituye una amenaza a los principios esenciales de la libertad personal y por eso ha desatado un debate entre las organizaciones sociales que defienden los derechos civiles y el Gobierno.
Parte esencial del argumento a favor de la neutralidad es considerar la calidad de servicio público al acceso a internet. Esto porque en muchas naciones incluida la nuestra, se considera un derecho fundamental el acceso a la red. A partir de lo cual las empresas proveedoras del servicio lo hacen en función de un servicio que debe ser regulado para garantizar la neutralidad que permita el ejercicio de este derecho en términos equitativos.
Pero por otra parte es claro que la infraestructura para prestar estos servicios requiere de innovación y mantenimiento constante que debe ser pagado, también de forma equitativa por los usuarios que no son solo consumidores sino titulares de un derecho fundamental. Y esta última consideración, la necesidad de incentivar las inversiones, es la que las autoridades norteamericanas alegan para justificar la eliminación de las regulaciones.
Hay muchas razones para creer que al eliminar la regulación las empresas abusarían en lugar de autoregularse. Hay casos en México y en Estados Unidos en el pasado, que muestran que las empresas telefónicas habrían bloqueado contenidos con servicios que les implicaban competencia como las llamadas, los chats y servicios de video gratuitos.
Y ahora podríamos imaginar como el proveedor podría bloquear o hacer lentos los servicios de streaming como Netflix, o Amazon Prime, para favorecer a sus propias empresas. Implica también el potencial establecimiento de pagos adicionales para un acceso a ciertos contenidos o empresas, lo que supone la discriminación del acceso en sí mismo. El escrutinio y decisión de acceso a los contenidos a los que se accede, o peor aún, a los que se pretende difundir son una amenaza fundamental. Por eso se ha formado un frente de empresas de contenidos y software junto con organizaciones civiles han manifestado su preocupación y se aprestan a dar una batalla legal para defender la neutralidad de internet.
Ha quedado claro que ni las empresas de telecomunicaciones, ni tampoco las que gestionan la información libre, son almas de la caridad, y que cada una desde su interés se manifiesta a favor en contra de medidas como esta. En el caso las últimas se sienten afectadas, y los argumentos en el caso coinciden con sus intereses, pero sin duda que también cabe preguntarse respecto a su naturaleza monopólica o la calidad y seguridad con la que gestionan la información no supone también una amenaza a la libertad, dada su dimensión y creciente poder.
Es de enorme relevancia que México tome posición con respecto a la defensa de las libertades y derechos de los consumidores de nuestro país mediante un pronunciamiento en favor de la defensa de la neutralidad de la red. La libertad de expresión para difundir contenidos, el libre acceso a la información global y la consideración del acceso a internet como servicio público son argumentos ineludibles que están por encima de cualquier consideración económica o de equilibrio en las inversiones.