La 'ley Hugo Luna'
La semana pasada ocurrieron dos hechos en apariencia distintos, pero relacionados y que ameritan una discusión pública más profunda.
Hablo de la reforma aprobada en el Congreso de Jalisco para ampliar el servicio de escoltas a funcionarios y exfuncionarios, entre ellos a Hugo Luna, ex jefe de gabinete estatal; y hablo del homicidio de Jaime Navarro Hernández, director de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía del Estado.
El funcionario asesinado encabezaba una de las seis direcciones generales de la Fiscalía. Su oficina estaba a cargo de todos los procesos penales y el cumplimiento de órdenes de aprehensión. Su tarea iniciaba con la vinculación a proceso de presuntos criminales hasta la obtención de sentencias.
Junto con el homicidio en julio de 2019 de Gonzalo Güitrón, Fiscal Regional, se trata de los dos servidores públicos de la Fiscalía de más alto rango asesinados.
Por otra parte, una reforma local impulsada por la bancada naranja modificó la Ley del Servicio de Protección para asignar escoltas a los titulares de las fiscalías especiales y especializadas, así como el jefe de gabinete.
Se sumaron a una lista en donde ya figuraban el gobernador, el secretario general de gobierno, el fiscal estatal y regional, el encargado de Reinserción Social, el coordinador y el secretario de seguridad, y el secretario de Transporte.
La reforma también establece que, una vez terminado su encargo, los exfuncionarios tienen derecho a un servicio de escoltas por el tiempo que ejercieron el cargo.
Suena lógico que por jerarquía o labor en materia de seguridad, los funcionarios cuenten con escoltas. Sólo dos carecen de sentido: el jefe de gabinete y el secretario de Transporte.
En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en ningún apartado menciona que estos puestos tengan responsabilidades vinculadas a la seguridad. El primero tiene una función de evaluación y supervisión mientras que el segundo en materia de movilidad.
En la Ciudad de México sólo cuentan con escoltas la jefa de gobierno, el secretario de seguridad y el procurador. Si un funcionario desea protección personal, lo paga de su bolsillo, no del erario. Un escolta en Jalisco, según datos de transparencia, cuesta entre 18 y 20 mil pesos mensuales.
En 2018, los entonces diputados emecistas Héctor Pizano, Salvador Caro y Priscila Franco impulsaron la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco aprobada por el Congreso local ese mismo año.
Hasta antes de esa ley, la asignación de escoltas a funcionarios y ex funcionarios era discrecional. La norma también llevaba una dedicatoria a la administración saliente y al gobernador Aristóteles Sandoval.
En su exposición de motivos, los emecistas argumentaron: “Es nuestra responsabilidad eliminar todo exceso que agreda a la gente que hoy representamos” y criticaron el “despilfarro” pues cada escolta adicional para un funcionario o exfuncionario es un policía menos para la ciudadanía.
La semana pasada, los emecistas, con el voto unánime de todas las bancadas, modificaron esa misma ley para ampliar el servicio de escoltas, sin una justificación. Como legislan una cosa, legislan la otra.
¿Por qué Navarro Hernández no tenía escoltas pero sí los tendrá el ex jefe de gabinete y ahora diputado federal plurinominal?
Como jefe de gabinete, ¿qué riesgo acarrea haber estado a cargo de los proyectos estratégicos del estado de más de mil millones de pesos como Jalisco en Red, verificación vehicular, Saneamiento del Río Santiago, Peribús, ampliación de El Ahogado, Línea 4 y, en el caso del titular de Transporte, la renovación del transporte público con subsidios millonarios?
¿O se les ocurre alguna razón?