La hora del fiscal Anticorrupción

Así como la deuda de seis mil 200 millones de pesos que está a punto de contratar el Gobierno estatal hizo despertar de su letargo al Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), viene ahora el momento de la verdad para saber de qué está hecha la Fiscalía Anticorrupción y su titular, Gerardo de la Cruz Tovar, con el caso Giovanni López y las desapariciones forzadas que se dieron sobre todo la tarde-noche del viernes pasado que habría una manifestación por este hecho a las afueras de la Fiscalía General del Estado.

La actuación del primer fiscal Anticorrupción de Jalisco ha estado lejos de la expectativa que generó ser el fundador de esta dependencia en febrero de 2018, luego de un largo y ejemplar proceso de selección. No hay hasta hoy un solo caso que nos marque un antes y un después en la lucha contra el lastre de la corrupción y la impunidad por la existencia de esta dependencia que nació junto con el SEA.

De la Cruz Tovar tendrá que probar con los resultados de estas dos carpetas de investigación si hace valer o no la independencia y autonomía con la que en teoría debe operar frente a la Fiscalía General. Sobre todo ahora que se pidió la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR). Quedaría muy mal parada la Fiscalía Anticorrupción si la FGR llega más lejos y actúa con mayor rigor para indagar y sancionar a los responsables de las decenas de desapariciones forzadas que sufrieron hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, y que no pudieron haber cometido solos, los dos agentes de la Fiscalía detenidos.

Lo primero que tendría que revisar De la Cruz son las consignaciones hechas a estos dos detenidos, porque de entrada parecen endebles y pudieran complicar de inicio la investigación. Es incomprensible, por ejemplo, que a Salvador Perea, que hace 30 días había sido nombrado director operativo de la Policía (J3) y al que se acusa de haber orquestado las detenciones ilegales, incluso por órdenes de la delincuencia organizada como sugirió el propio gobernador Enrique Alfaro cuando señaló que había intereses oscuros que pretendían repetir un episodio como el de Ayotzinapa en Jalisco, sólo esté consignado ante el juez por el delito de robo y abuso de autoridad, y no por el de privación ilegal de la libertad, como se esperaba por esos señalamientos del mandatario y como sí se hizo con Raúl Mireles, el policía investigador B también detenido.

Cabe señalar que la detención del comandante Perea y el que se le acusara de actuar a espaldas del fiscal General, Gerardo Octavio Solís, extrañó a muchos, por ejemplo a varios empresarios que tenían buena impresión de él por su trabajo al frente del grupo antisecuestros por más de seis años.

Desde luego las declaraciones que hagan al juez serán claves para empezar a descifrar lo ocurrido y dar con los responsables, pero lo que sería mortal para la Fiscalía Anticorrupción y para la Fiscalía General sería permitir que las investigaciones queden en simulaciones de justicia para salir de la crisis política generada por estos abusos, que no pueden quedar impunes.

Es la hora, pues, del fiscal Anticorrupción. 

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