La hora de la libertad sindical en México
Las condiciones laborales en nuestro país están a punto de entrar en un proceso de cambio por las circunstancias políticas externas e internas. “El Capítulo Laboral (del acuerdo México-EU) incluye un anexo sobre representación de trabajadores en negociaciones colectivas en México, bajo el cual este país se compromete a efectuar acciones legislativas para otorgar el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”, afirmó la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) en el reporte publicado sobre puntos generales de la negociación del nuevo acuerdo de libre comercio con México.
La presión para terminar con los llamados sindicatos blancos y las prácticas de influencia patronal y gubernamental en los sindicatos ha sido objeto de presiones desde hace décadas. De hecho, México es uno de los pocos países del mundo que no ha ratificado el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo que se refiere al derecho de la negociación colectiva de los trabajadores.
En el proceso de negociación la parte canadiense ha sido incisiva en los temas laborales de acuerdo con la información publicada tanto en Montreal como en la Ciudad de México, argumentando que las condiciones de ejercicio de los derechos de libertad sindical afectan negativamente a leal competencia en la industria, especialmente en la automotriz.
Además, México se ha obligado a emprender estos cambios mediante la suscripción del Capítulo 19 del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), suscrito en marzo pasado. Si a esto sumamos que la reforma laboral aprobada en México no ha sido instrumentada como se prevé en la misma ley, en parte por presiones de las organizaciones sindicales que se resisten a los cambios, las condiciones políticas están dadas para que el nuevo Gobierno asuma una agenda de cambios profundos para hacer que los derechos de libre afiliación, participación democrática, representación y acceso a la información sobre las negociaciones colectivas sean plenamente vigentes. Y uno de los primeros pasos puede ser la ratificación del convenio fundamental 90 de la OIT.
Las obligaciones que adquiriría México en caso de que el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá entrara en vigor son también esenciales y están dirigidas a hacer respetar el ejercicio del voto individual, libre y secreto para la elección de los líderes y para conocer las condiciones bajo las cuales se negocian las modificaciones a las condiciones de trabajo.
Este sería un paso enorme en ampliar el ámbito del ejercicio de las libertades en nuestro país, y su instrumentación puede convertirse en un activo en la política progresista del nuevo Gobierno. Significaría el fin de una etapa de influencia corporativa y el inicio de otra de apertura y democracia.
Para que esto sea realidad, sería necesario un amplio ejercicio de operación política que permita la transformación de las organizaciones a las nuevas condiciones, sin provocar desórdenes o manipulaciones políticas. Lo que significa un reto de enormes dimensiones en el que debieran participar todos los protagonistas de las relaciones laborales.
También implica que el pleno ejercicio de estos derechos corresponde a los trabajadores al servicio del Estado y de las empresas públicas, por lo que no debiera haber una restricción en esta libertad y, por tanto, supondría la transformación definitiva de las organizaciones sindicales como el SNTE, el Sindicato de Petroleros, Electricistas y la FTSE.
Las condiciones están dadas para que en la agenda política y social se dé un paso que sería histórico para el ejercicio de las libertades en México. Un tema natural en la agenda de un Gobierno de izquierda, que paradójicamente está siendo impulsado por las condiciones externas de una negociación con Estados Unidos y Canadá.
Los tratados internacionales nos llevan al cumplimiento de principios liberales esenciales para nuestra democracia que habían sido limitados durante décadas.