La guerra sucia y el crimen organizado actual
Al hablar del actual estado de violencia y presencia del crimen organizado en amplias zonas del territorio y la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado con la ampliación del poderío militar, se suele responsabilizar de la esta situación al gobierno de Felipe Calderón, quien tras entrar al gobierno en 2006 después de unas elecciones sospechosas de fraude, decidió declarar la guerra contra el narcotráfico como una maniobra para encontrar la legitimación que no le dieron las urnas.
Pero en el origen del actual estado de violencia poco se recuerda el papel que jugaron las fuerzas de seguridad del Estado mexicano durante el periodo de la llamada Guerra Sucia. Gracias a los testimonios de cientos de víctimas y a trabajos de investigación académicos y periodísticos, ahora sabemos más de cómo se urdió y desplegó la estrategia de contrainsurgencia mediante la cual el Estado mexicano enfrentó a organizaciones que desde el campo popular exigían derechos y planteaban demandas al Estado como grupos indígenas, campesinos, sindicales, populares y hasta organizaciones que decidieron tomar las armas para cambiar al país.
Los informes finales producidos por dos equipos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2021 presentan avances importantes para conocer este periodo conocido como la Guerra Sucia.
El viernes 29 noviembre la doctora Eugenia Allier Montaño presentó aquí en Guadalajara el informe Verdades Innegables: por un México sin impunidad. El objetivo del informe consiste en “ofrecer una explicación social y política de la violencia de Estado desplegada entre 1965 y 1990”. Un aporte importante del informe de la doctora Allier es que se precisó que para enfrentar lo que consideraba sujetos u organizaciones peligrosas, el Estado mexicano estableció “sistema represivo contrainsurgente”, que tuvo varias estrategias, operativos y funciones, y todos los recursos humanos y económicos para su mantenimiento.
El informe Verdades Innegables ofrece detalles de la Guerra Sucia específicamente para Jalisco, entre ellos las desapariciones forzadas cometidas por los grupos especiales, como la Brigada Blanca en contra de nueve jóvenes en la colonia El Zapote, en 1977; y también la represión contra las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo.
Y aunque ya era un tema conocido por militantes que enfrentaron la represión estatal a comienzos de la década de1970, el informe Verdades Innegables ofrece detalles del reclutamiento de un grupo de gentes confidenciales por parte del alto mando de la 15a Zona Militar entre 1972-1973. El general Federico Amaya Rodríguez creó este grupo de “agentes confidenciales”, reclutados especialmente entre golpeadores y porros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) para identificar, perseguir y detener a militantes tanto de la Federación de Estudiantes Revolucionarios (FER) que buscaba la democratización de la UdeG; y también participó en la delación y detención de militantes de los distintos grupos guerrilleros que actuaban en Guadalajara, como la Liga Comunista 23 de Septiembre. Los militares dejaron a cargo de este grupo a Carlos Morales García y les entregaban armas, autos y aparatos de comunicación. Y lo más importante, les dieron absoluta impunidad para supuestamente enfrentar a los adversarios del gobierno. Pero dentro de esa impunidad se les dejó cometer ilícitos, como el robo de autos y tráfico de drogas. Carlos Morales García terminó como abogado de narcotraficantes y fue asesinado de varios tiros en septiembre de 1989 en la Ciudad de México.
Como bien nos muestra este informe de la doctora Allier, la creación del sistema represivo alentó la creación de células contrainsurgentes a las que se les toleró que se dedicaran a empresas lucrativas ilegales, como robo de autos, secuestros, extorsiones y narcotráfico.
Las células contrainsurgentes creadas en el contexto de la Guerra Sucia pueden verse como el origen de algunas actuales organizaciones del crimen organizado que hoy controlan y causan una violencia desmedida en amplias zonas del país. Una buena parte de los principales policías represores del país, como Miguel Nazar Haro, Arturo Acosta Chaparro y Francisco Sahagún Baca, terminaron dedicados a diversas actividades delictivas, entre ellas el narcotráfico.
Si en el pasado se hubieran identificado y castigado estas conductas de estos personajes de la fuerzas de seguridad, probablemente no se tendrían las poderosas organizaciones del crimen organizado que ahora controlan amplias franjas del territorio y son responsables, por omisión o complicidad gubernamental, de la ola de violencia que azota a la sociedad mexicana.
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