La guerra contra los pueblos indígenas
El 9 de agosto, justo cuando se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue asesinado y descuartizado con saña Lorenzo Froylan de la Cruz Ríos, un joven de apenas 20 años integrante de la guardia de la comunidad indígena nahua de Santa María de Ostula, del municipio de Aquila, en Michoacán.
Sin dudar ni un momento, las autoridades comunales acusaron al CJNG de esta ejecución. “Con profunda pena y rabia informamos que el día de hoy (10 de agosto), alrededor de las 00:20 horas, fue localizado el cuerpo, despedazado y sin vida, de nuestro hermano y compañero Lorenzo Froylan de la Cruz Ríos, quien el 1 de agosto había sido ‘levantado’ por un comando del Cártel Nueva Generación (CNG), mismo que finalmente lo ejecutó de manera extrajudicial y salvaje”. Con Froylan de la Cruz van diez comuneros de Aquila asesinados en lo que va del año, y en la mayoría se acusa al CNG como responsable, pero siempre con la complacencia de las autoridades civiles y militares que permiten a los sicarios actuar con absoluta impunidad.
Justo para poner la atención en la situación que viven los pueblos originarios, como Santa María de Ostula, la ONU decretó, desde diciembre de 1994, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas cada 9 de agosto. La población indígena, con 476 millones de personas indígenas, representa apenas 6 por ciento de la población mundial pero habitan y protegen las tierras donde existe 80 por ciento de la biodiversidad del planeta.
Cada Día Internacional de los Pueblos Indígenas los gobiernos del mundo elogian a estas poblaciones y presumen sus políticas hacia ellos. Así lo hizo este 9 de agosto Andrés Manuel López Obrador al anunciar, por decreto presidencial, la protección de los sitios sagrados de pueblos indígenas de Jalisco, Nayarit, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Y dijo en la ceremonia: “He instruido a todos los servidores públicos para que den cumplimiento efectivo a este decreto y pongan alto a todas las agresiones, invasiones a sus tierras y lugares sagrados. Se trata de la raíz de los planes de justicia que impulsa el Gobierno de la Cuarta Transformación con el objetivo de responder a históricas necesidades de las comunidades indígenas tras décadas de abandono en el periodo neoliberal”.
Según Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el actual Gobierno “ha hecho un esfuerzo sin precedente para atender los rezagos históricos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
Pero la realidad es distinta a los discursos del Estado, como bien se contrasta con la violencia extrema que ha padecido la comunidad de Santa María Ostula y otros pueblos originarios de Michoacán. El mismo 9 de diciembre, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, anunció la toma de siete carreteras en el marco del Día Internacional De Los Pueblos Indígenas.
Desde del norte con los pueblos yaquis y rarámuris, pasando por el sureste con las comunidades indígenas de Guerrero y Oaxaca, hasta Chiapas, el común denominador es que son víctimas de una violencia sistemática.
En Chiapas no tienen duda de que lo que enfrentan es una guerra en su contra, una guerra que supone la reproducción sistemática de la violencia que se impuso contra los pueblos originarios desde la Conquista y durante la Colonia.
Si bien las comunidades indígenas chiapanecas han visto aumentar la violencia en su contra desde el alzamiento zapatista del 1º de enero de 1994, recientemente se ha recrudecido. En un comunicado emitido el pasado 5 de julio, el Espacio de Coordinación Nacional Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, asentó: “Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional (…) Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…”.
La realidad es que más allá de las intenciones y de los discursos de los gobernantes, los pueblos indígenas del país viven una guerra sistemática en su contra.
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