La gran farsa II
Quisieron ocultar un feminicidio y lo único que demostraron fue la incompetencia y omisión de la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
La muerte de Liliana, indígena de la comunidad wixárika de Mezquitic, Jalisco, quien fue asesinada por su esposo la tarde del pasado 2 de marzo, es un ejemplo más de que la violencia hacia las mujeres en el Estado sigue siendo un gran pendiente, con deudas incalculables en todos los sentidos para las víctimas: huérfanos y familias fragmentadas marcados de por vida por la tragedia y en estado permanente de indefensión.
Las autoridades periciales encargadas del caso fueron laxas en su trabajo, empezando por el servicio médico forense de Huejuquilla, quien asentó en la autopsia suicidio pese a que el cuerpo de Liliana presentaba huellas de violencia y una herida por arma blanca en el abdomen.
Debido al desaseo del caso, a finales de marzo se presentó una queja ante la CEDHJ; sin embargo, esta institución se ha mostrado omisa. Al mismo tiempo, tuvo conocimiento de una muerte con características similares, la de Hilaria, ocurrida el pasado 21 de mayo en una comunidad ubicada a una hora del sitio donde se cometió el feminicidio de Liliana.
El Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas ha pedido a la CEDHJ que su intervención derive en una recomendación amplia, es decir, que no se centre únicamente en las formalidades del debido proceso, sino que tome estos casos como un ejemplo de la opresión histórica y la discriminación del sistema de justicia hacia las niñas y mujeres indígenas. Sin embargo, el observatorio no es optimista al respecto, duda de la oportunidad con que se emitan las recomendaciones, las cuales podrían tardar hasta un año. Las mujeres indígenas han esperado toda la historia del país para obtener justicia.
¿Cuántas mujeres indígenas tienen la posibilidad de interponer una queja en la Comisión? La respuesta nos da una muestra de lo que significan estas muertes violentas, de mujeres que no tienen acceso a una adecuada representación legal, a la defensa y protección oportuna de las instituciones que fueron creadas para ello. En ello radica la gravedad del problema.
En el caso de Hilaria, el único testigo argumenta que ella estaba escuchando la música de un rapero de nombre Álex Malverde cuando se levantó y se dirigió a consumir raticida, dejando huérfano a un bebé de 11 meses y una historia de golpes y maltrato por parte de su pareja, su agresor. El ministerio público declaró la muerte como suicidio y de acuerdo con las abogadas que llevan el caso, el pasado 19 de junio la familia fue intimidada por la autoridad local para que el asunto no trascendiera.
Los casos de violencia hacia las mujeres y niñas en la Zona Norte de Jalisco aumentan, pero los ministerios públicos siguen encubriendo los feminicidios, clasificándolos como suicidios. Las autoridades han sido rebasadas en sus funciones y se convierten en el ente opresor e indolente, en total impunidad, pues no existen sanciones ejemplares para quienes cometen estas graves violaciones al debido proceso, a los derechos humanos.
Decir que la aplicación del protocolo de feminicidio se implementa en zonas indígenas no garantiza la correcta investigación de los casos y la justicia continúa lejana y poco accesible, como el largo y complicado camino para llegar a Mezquitic.