La gran farsa
Una pequeña de tan solo tres años de edad relató a una psicóloga lo que la Fiscalía de Jalisco no quiso ver: “Mi mamá estaba en el piso echando espuma por la boca (señala la mancha de saliva que aún permanecía en el lugar del ataque), mi papá la colgó en el árbol que está detrás. Extraño a mi papá, porque mató a mi mamá y se fue”.
El testimonio está videograbado y forma parte de las pruebas que llevaron a vincular a proceso a Gelacio “N” por su presunta participación en la muerte de Liliana. Se trata de un hecho que confirma la marginación histórica de los pueblos indígenas y la discriminación hacia las mujeres de la Zona Norte de Jalisco.
La muerte de Liliana en la comunidad wixárica de Mezquitic se “atendió” como un suicidio que ocurrió la tarde del 2 de marzo. El cuerpo fue localizado la mañana siguiente, colgado, y fue hasta las ocho de la noche que el criminalista recabó indicios. Sin embargo, ignoró elementos clave, como la mezcla de saliva y jugos gástricos característica de estrangulamiento, una huella de arrastre importante y marcada entre la casa y el árbol que testigos y familiares observaron y documentaron con fotografías, así como los destrozos dentro del domicilio.
El acceso a la justicia es igual de difícil que los caminos que llevan a esos lugares del Estado. Las autoridades periciales debilitaron las indagatorias, empezando por la necropsia que simularon. El Servicio Médico Forense de Huejuquilla asentó la autopsia como suicidio pese a que el cuerpo de Liliana tenía huellas de violencia, como una herida de arma blanca en el abdomen.
El Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas tomó el caso y pidió a las autoridades una serie de diligencias. Cuarenta y dos días después, el 16 de abril, el cuerpo de Liliana fue exhumado. En la segunda necropsia se constató que el médico legista que realizó la autopsia sólo marcó de manera superficial las incisiones quirúrgicas, los órganos internos estaban intactos.
El 11 de junio, después de que se difundió el caso en varios medios de comunicación, la Fiscalía publicó una nota aclaratoria insistiendo que el crimen fue investigado bajo el protocolo de feminicidio, “acciones que se aplican en todo caso relacionado con la muerte violenta de una mujer, incluido el suicidio”.
Para las representantes legales de Liliana, que por años fue víctima de violencia, pareciera que la justicia se reserva sólo para algunos. Refieren que, por ejemplo, los manifestantes arrestados por el caso de Giovanni López el pasado 4 de junio fueron puestos a disposición de un juez esa misma noche para que horas más tarde se realizara su audiencia de vinculación.
¿Cuáles son los criterios? ¿Las autoridades atienden y presumen la comisión de un delito sólo después de la mediatización del caso?
Pareciera que los protocolos de investigación no alcanzan a las mujeres de comunidades rurales y mucho menos a las indígenas, y ello es el resultado de la poca o nula capacitación de los ministerios públicos que no tienen la sensibilidad y capacidad técnica para realizar su trabajo, el mismo que atiende el robo de una vaca también se encarga de un feminicidio.