La escupida naranja a la reforma anticorrupción 2.0
El sabotaje al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a cargo de la bancada del partido Movimiento Ciudadano y de sus aliados incondicionales del PAN en la insufrible 62 Legislatura local, quedó consumado el lunes pasado.
Y es que junto con la vengativa quita salarial a las y los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del SEA, la reforma aprobada ignoró la gran mayoría de los planteamientos prometidos en la reforma anticorrupción 2.0, escupiendo y pisoteando así el esfuerzo de muchas y muchos jaliscienses que creyeron en el proceso de parlamento abierto al que convocó en el 2019 la ex diputada local emecista y a partir de hoy legisladora federal por Jalisco, Mirza Flores, como presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción.
Esta simulación y burla al trabajo de muchas organizaciones ciudadanas del ámbito académico, social y empresarial que trabajaron durante junio y julio del 2019 en seis mesas de trabajo ya se veía venir cuando desde diciembre de ese mismo año se metió a la congeladora legislativa el dictamen de la Reforma Anticorrupción 2.0, nunca se debatió en las comisiones legislativas correspondientes y llegó hasta el pleno del Congreso el lunes pasado convertido en una iniciativa que nada tiene que ver con las conclusiones aprobadas por las y los diputados que participaron en aquel proceso de legislación abierta, que hoy, sin pudor alguno, tiran a la basura.
De hecho esa reforma fue fruto del Pacto por la Integridad y por el Bien Ser del Estado, para combatir la corrupción y la impunidad, al que convocó el 28 de marzo del 2019 en el marco del 130 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara, el entonces líder de los comerciantes en la entidad, Xavier Orendáin, quien se incorporó al gobierno estatal alfarista, y desde donde el silencio que impera parece avalar este atropello de la bancada de su partido Movimiento Ciudadano en el Congreso local contra los jaliscienses.
En el dictamen inicial se planteaban modificaciones constitucionales y cambios a 15 leyes estatales que buscaban mejorar la articulación y fortalecer las instancias y dependencias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción (Fiscalía Anticorrupción, Contraloría Estatal, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa), pero las y los diputadas de MC y del PAN hicieron todo lo contrario al golpear al CPS, que representaba el espacio ciudadano que por primera vez integraba un modelo anticorrupción.
Planteaba además implementar un modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales, y una Ley de Designaciones, entre otras cosas.
Con esa reforma se pretendía relanzar un Sistema Estatal Anticorrupción que a cuatro años de su creación está lejos de cumplir con las expectativas en el combate a la corrupción y la impunidad en Jalisco.
Este atentado al SEA, además de poner en jaque esa posibilidad y sumir hasta el fondo del desprestigio a una Legislatura que quedará como una de las peores de la historia, es prueba también que nuestra clase política y gubernamental volvió a optar por perpetuar estos lastres y no exponerse a ser sancionados por un sistema anticorrupción funcional.
La controversia constitucional que revierta esta afrenta del Congreso a la ciudadanía y el recuerdo siempre de las y los legisladores que la votaron a favor sin empacho alguno, debe ser el reinicio para continuar con el anhelo social de acabar con las corruptelas, los excesos y los abusos de políticos y funcionarios públicos, que siempre se resistirán a ser fiscalizados y pescados en sus triquiñuelas.
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