La deuda de la 4T con los pueblos originarios
En el conjunto de reformas presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, la iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano era considerada como la menos polémica y controvertida, dado que fue presentada como un cambio necesario y como un “acto de elemental justicia y humanidad” con los pueblos indígenas, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Y tan no fue controvertida que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, con 483 votos a favor, la madrugada del martes. En la sesión, la diputada del Partido del Trabajo, Vanessa López Carrillo, sostuvo que “la iniciativa es una oportunidad de resarcir la deuda histórica con los pueblos originarios de México”.
Sin embargo, para los conocedores del derecho y de las luchas de las comunidades indígenas, esta iniciativa está lejos de resarcir la deuda que el Estado mexicano tiene con los pueblos originarios. Para empezar, se ha reprochado que la iniciativa que envió el Presidente López Obrador al Congreso de la Unión en febrero dista mucho de la propuesta que el INPI y varias comunidades indígenas le entregaron luego de un proceso de consultas realizadas al comienzo del sexenio.
Francisco López Bárcenas, abogado mixteco y uno de los principales conocedores del derecho agrario, recordó que al comienzo de la actual administración, la Secretaría de Gobernación y el INPI organizaron 54 foros de consulta en 27 Estados del país, en los que participaron más de 27 mil personas, la mayoría de organizaciones indígenas afines al actual Gobierno.
De dichos foros y con el antecedente de los Acuerdos de San Andrés de 1996, se presentó a fines de 2019 al Presidente López Obrador una propuesta de iniciativa de reforma que contemplaba al menos las reformas y adiciones a 17 artículos de la Constitución.
Además, recordó López Bárcenas en entrevista para Radio UdeG, la propuesta emanada de los foros de 2019 contemplaba al menos diez derechos sustantivos para los pueblos originarios en materia de libre determinación y autonomía, acceso a la justicia, representación política, territorios, recursos naturales, consultas, desarrollo, patrimonio cultural. Poco de esto quedó en la iniciativa turnada por López Obrador y que fue aprobada por unanimidad por los diputados federales el pasado martes.
Para López Bárcenas, la propuesta de los foros fue rasurada notablemente, por lo que la iniciativa aprobada “quedó chica” en comparación con la propuesta fundamental. Incluso quienes la elaboraron se sorprendieron de cómo fue cambiada su propuesta.
Desde el oficialismo, como es el caso del director del INPI, Adelfo Regino Montes, se destaca que la reforma aprobada tiene como columna vertebral la consideración de los pueblos originarios como sujetos de derecho público y no de interés público, como lo estableció la reforma Constitucional de 2001.
Pero lo relevante de esta iniciativa no es lo que contiene, sino lo que no contiene, destacó Carlos González, de la comisión de coordinación del Congreso Nacional Indígena (CNI). Si bien se reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, se les escamoteó el reconocimiento de los derechos territoriales y el usufructo y uso colectivo de los recursos naturales que se encuentran en los territorios de los pueblos originarios.
La falta del reconocimiento del derecho de los pueblos a sus territorios y bienes comunes es muy grave, sostiene Carlos González, en un contexto de acumulación por despojo. “Es preocupante porque hay un conjunto de procesos de despojo de los pueblos originarios que están avanzando aceleradamente, entonces es grave que no se reconozca este elemento neurálgico porque se da pie a que estos procesos de despojo continúen, y entonces el discurso y la palabra de que se está saldando una deuda histórica y de que se están reconociendo a los pueblos originarios como alma y espíritu de la nación, no suena muy realista, no suena sincera”. Por esta razón, el Gobierno de la Cuarta Transformación sigue en deuda con los pueblos originarios.
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