La defensa del INE
Tras una semana de descalificaciones presidenciales a los convocantes a las marchas que ayer se realizaron en la capital y las ciudades más importantes del país, habrá que ver hoy la respuesta de Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, y que lo más probable es que mantenga el mismo tono de desaprobación y su insistencia en la necesidad de reformar el Instituto Nacional Electoral (INE).
Desde ayer, lo que inició fue la guerra de cifras del número de participantes. Por ejemplo en la Ciudad de México, las autoridades afines al Gobierno de la autollamada cuarta transformación minimizaban a 12 mil la cantidad de los manifestantes, mientras que los organizadores la fijaban en al menos 200 mil personas.
Aunque el objetivo y la petición central de las marchas y de los mítines de ayer fueron de que no se tocara al INE y que la reforma electoral que plantea el Presidente no es necesaria y que atenta contra su independencia, su debate en el Poder Legislativo es un hecho y lo deseable es que en la discusión parlamentaria las preocupaciones expresadas ayer sean tomadas en cuenta por las y los diputados que al final de cuentas decidirán el futuro del órgano electoral.
Dejar a un lado la polarización que implica la descalificación total de la iniciativa o su aprobación al estilo 4T de no cambiarle ni una coma es lo que más convendría al país.
Es claro, por ejemplo, la pertinencia de discutir los cambios que se plantean para reducir el costo del organismo electoral, como el gasto en las representaciones populares de ayuntamientos, partidos políticos y los poderes legislativos, como reducir el número de diputados y de regidores.
Lo que sí no se debe permitir es la propuesta del Presidente de modificar la forma de elegir a los consejeros del eventual nuevo Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC) por medio del voto popular y a propuesta de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que significaría dar un sesgo oficialista al árbitro electoral.
Habría que buscar ciertamente evolucionar en el sentido de seguir buscando fórmulas que también combatan el reparto de cuotas entre los partidos políticos que efectivamente se da actualmente en el nombramiento de las y los consejeros electorales, y se privilegie la reputación y las cartas credenciales de los que aspiran a esas posiciones.
El punto es que como antes y después de esta jornada dominical de marchas en defensa del INE el riesgo de un retroceso democrático recaerá en las y los legisladores de la Cámara de Diputados y de Senadores, donde Morena y sus aliados, ayudados con las presiones que se ejercen desde la Presidencia, pueden conseguir los votos que les hacen falta para aprobar esta reforma constitucional, como ya lo hicieron para prolongar hasta el 2028 la presencia militar en labores policiales.
Veremos.
jbarrera4r@gmail.com
Jaime Barrera