La Corte y las “pensiones doradas”
La Segunda Sala de la Suprema Corte confirmó ayer que analizará la constitucionalidad del tope máximo de las pensiones “doradas” de ex funcionarios o ex magistrados de Jalisco (que reciben hasta 220 mil pesos mensuales), derivado de la última reforma a la Ley del Instituto de Pensiones.
El Congreso de Jalisco aprobó que ningún pensionado cobre más de 106 mil pesos, pero los privilegiados se ampararon o recurrieron a la Corte.
Los ministros subrayan que el asunto es de trascendencia para el orden jurídico nacional, ya que implica analizar la reforma a la luz del principio de irretroactividad de la ley.
Muchos aplaudieron la reforma, pero nos cuentan que ganarán los privilegiados, que atentan contra el fondo de pensiones.
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En otro tema, aunque directivos del Instituto de Pensiones y diputados afirman que no afectarán a los burócratas ni pensionados con la próxima reforma que impulsan en Jalisco, ya brincaron desde la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco, quienes hoy darán una conferencia de prensa sobre sus propuestas o inconformidades contra las modificaciones que se pretenden. Incluso, darán los detalles de la manifestación que organizarán el próximo lunes (partirá desde cinco diferentes puntos por la mañana).
Por lo pronto, expertos recuerdan que mientras las aportaciones de los trabajadores son el único rubro en los ingresos que registra un crecimiento, los ingresos por la administración de los fondos tienen pérdidas desde 2017.
Subrayan que las áreas activas del Ipejal (los estacionamientos, la agencia de viajes, los salones de eventos o las salas de velación) están perdiendo dinero y absorbiendo recursos del fondo destinado a las pensiones, sin contar las pérdidas millonarias por las inversiones hechas en los últimos años, como en las Villas Panamericanas y Chalacatepec.
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Las bancadas de Hagamos, PRI y Futuro en el Congreso de Jalisco piden abrir la comparecencia a puerta cerrada del fiscal, Luis Joaquín Méndez, pero todo indica que se consumará la reunión privada para abordar el caso de la muerte de Luz Raquel Padilla.
La diputada Mara Robles confirmó que presentaron un amparo, aunque aún no llega la suspensión para que el pleno del Poder Legislativo sesione y se discuta si aprueban la reserva de la comparecencia. Por eso hay intercambio de señalamientos: un bando critica la opacidad de la medida y la contraparte acusa que los que piden la comparecencia pública quieren sacar raja política del tema.
Más allá de politiquerías, siguen los niveles de violencia contra las mujeres.