La Corte niega boicot y echa la bolita a Nafin
La bolita es de 10 mil 260 millones de pesos. ¿Dónde quedó? Nos dicen que en Nacional Financiera (Nafin). Pero pareciera a estas alturas que anda en el limbo.
El monto corresponde a los fideicomisos de la Corte (seis por seis mil 241.9 millones de pesos) y la Judicatura Federal (cuatro por cuatro mil 018.6 millones de pesos) que, por mandato de la reforma constitucional al Poder Judicial, ya deberían haber sido transferidos a la Tesorería de la Federación como lo hizo Banobras el pasado 12 de diciembre con el Fondo Jurica de 853 millones 913 mil 710 pesos, único fideicomiso de la SCJN con esa institución financiera.
Nafin, dirigida por Luis Antonio Ramírez Pineda, argumenta estar impedida de hacer la transferencia de los referidos fideicomisos porque siguen vigentes diversas suspensiones definitivas de amparo otorgadas por órganos jurisdiccionales.
La institución financiera no específica cuántas. Lo que se sabe es que fueron promovidas por cientos de trabajadores del Poder Judicial, quienes argumentan que la mayor parte de esos recursos fueron aportaciones de ellos.
El pasado jueves 16 de enero, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández y los ministros Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, se reunieron, a petición de ellos, con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.
Su interés era tratar reasignaciones a su recortado presupuesto y el de las representantes del Ejecutivo, el de los fideicomisos atorados en Nafin y la suspensión del proceso de selección de candidatos acordada por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, lo que dejaría fuera de las elecciones de ministros, magistrados y jueces que se inscribieron por esa vía.
Pero lo que se interpretó como una bienvenida y reapertura del diálogo entre poderes, parece no haber acabado bien.
Es bronca de NAFIN: Corte
La Presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera del viernes, la emprendió contra quienes por lo pronto conducen el Poder Judicial. Dijo que la presidenta de la Corte y algunos ministros hacen todo lo que pueden para evitar que se realice la elección de ministros, magistrados y jueces. Enumeró tres procederes: 1. Aceptar o interponer amparos para que no se entere a la Tesorería el recurso de los fideicomisos; 2. Interrumpir los trabajos de la comisión de Evaluación del Poder Judicial; y 3. Impedir que con la disminución de su presupuesto se haga valer el mandato constitucional de que ningún juez, magistrado o ministros puede ganar más el titular de la Presidencia de la República.
Sheinbaum no ve argumentos jurídicos que avalen el impedimento argumentado por Nafin para no transferir los fideicomisos pues la Corte ya determinó que se trata de un tema electoral que está bajo la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y este último corroboró que los asuntos electorales no son materia de amparo, por lo que -a su juicio- no son legales las suspensiones definitivas que alega acatar Nafin.
Tampoco le reconoció la facultad de suspender trabajos al Comité de Valuación Judicial y aseguró que el presupuesto asignado es suficiente, si jueces magistrados y ministro acatan la disposición constitucional de ganar menos que la Presidenta.
La Corte, por su parte, emitió un comunicado en el que respondió a cada señalamiento. Informó que desde el pasado 25 de septiembre inició los trámites de devolución de fideicomisos, que la ministra presidenta Norma Piña instruyó a las instituciones fiduciarias el entero de esos recursos, que así lo cumplió Banobras el 10 de diciembre pasado, no así Nacional Financiera y dejó así la papa caliente: “… eso obedece a una determinación única y exclusiva de Nafin”.
Respecto a la suspensión de la evaluación de candidatos desde el Poder Judicial, dijo que también obedece al acatamiento de sentencias de juzgadores y sobre la ampliación presupuestal solicitada consideró que es para salvaguardar derechos de sus trabajadores.
¿Rodarán cabezas?
El director de Nafin, Luis Antonio Ramírez Pineda está frente a un dilema que podría costarle el puesto por renuncia o cese. Por lo pronto ha preferido esconder la cabeza y para nada quiere hablar del tema de los fideicomisos.
¿Se mantendrá en su posición de acatar suspensiones jurisdiccionales que a juicio de la Presidenta Sheinbaum no tienen validez legal o la orden de liberar los fideicomisos que seguramente ya le llegó desde el Palacio Nacional?
Ramírez Pineda es hijo del ex gobernador priista de Oaxaca (1986-1992), Heladio Ramírez López. Era diputado local de Oaxaca cuando AMLO lo nombró director general de ISSSTE, puesto desde el que fue catapultado a la dirección de Nafin y el Bancomext, ya como parte de Morena.
El otro hijo del también ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) es Heladio Ramírez Pineda, actual secretario particular de David Colmenares, el también oaxaqueño auditor superior de la Federación, quien por cierto fue secretario de Finanzas en el gobierno oaxaqueño de Heladio Ramírez López y que fuera propuesto para ocupar su actual cargo por la entonces diputada Rocío Nahle, hoy gobernadora de Veracruz.