La Corte a la altura otra vez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a hacer buenos los pronósticos y para bien del país, se mantuvo como el gran contrapeso y dique para poner freno, nuevamente, a las tentaciones autoritarias del Presidente Andrés Manuel López Obrador al ordenar que quede sin efectos el decreto fast track que entró en vigor y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de noviembre, 24 horas después que lo presentó el jefe del Ejecutivo federal y en el que ordenaba a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal autorizar todos los proyectos y obras públicas de infraestructura en un plazo máximo de cinco días, además de declararlas como asuntos de “interés público y seguridad nacional”.
Como es su momento lo señalamos aquí, se trataba sin duda del más estridente y preocupante manotazo dictatorial del líder de la 4T, que al igual que lo hizo en su momento con la construcción de los segundos pisos cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México al ordenar reservar la información de contratistas y proveedores por 5 años, ahora pretendía hacer lo mismo con las obras emblemáticas de su sexenio: la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya. Añadía además al paquete otros 176 proyectos con un valor de al menos 230 mil millones de pesos.
El conocido como “decretazo” olía mal desde que el Presidente lo presentó luego de las revelaciones de las compras millonarias a empresas fantasmas que hizo la Sedena para las obras del aeropuerto de Santa Lucía que reveló el portal Latinus.
Era el regreso a la opacidad total y un decreto que borraba de un plumazo los incipientes avances en materia de transparencia y rendición de cuentas de los últimos 20 años.
Por eso habrá que reconocer también la postura asumida por las y los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), que pese a las intimidaciones presidenciales que han sufrido todo el sexenio, supieron estar a la altura de las circunstancias, al impugnar el decretazo ante la Corte y lograr esta suspensión parcial.
El Inai argumento que el Poder Ejecutivo no tiene facultades ni atribuciones para catalogar o determinar cuáles obras deben considerarse de interés público o de seguridad nacional sin cumplir los requisitos que ordena la Constitución, además que el decretazo violaba el derecho a la información.
Al aceptar esta solicitud de suspensión del Inai, la SCJN vuelve a mandar una buena señal de independencia que consolida al Poder Judicial como el vigilante que impida que la poderosa presidencia que encabeza AMLO, se salte la ley y la vida institucional de la República. Sin duda es un buen año para la Corte que encabeza el Ministro Arturo Zaldívar.
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