Jilotlán y otros dolores
Jilotlán de los Dolores es uno de los municipios más pobres de Jalisco; es también uno de los más violentos, donde el crimen organizado ha impuesto su ley. Alejado del centro en distancia e inversión pública, este pequeño poblado metido en la montaña tiene además una condición que ha devenido trágica: su vecindad con Tecapaltepec, la cuna de la Familia Michoacana y de no pocos de los grandes capos del narcotráfico. El destino convirtió a este pueblo casi incomunicado en el punto de choque de diversos grupos del crimen organizado: hacia un lado de la única carretera está la zona sur de Jalisco, que controla el cártel Nueva Generación; hacia el otro los grupos michoacanos que operan entre la sierra y la costa.
El problema de Jilotlán no es nuevo. Hace al menos de 10 años que los pobladores acusaban el asedio y el municipio dejó de tener policía porque nadie sobrevivía a semejante encargo. Hace tres años, el 15 abril de 2018, el alcalde con licencia que buscaba la reelección por MC, Juan Carlos Andrade Magaña, fue asesinado cuando viajaba en su auto; Ydalia Chávez, su esposa, tomó su lugar como candidata y logró la presidencia municipal. En esta elección, de los 13 partidos registrados en el estado sólo tres presentaron contendientes a la presidencia municipal, pero las candidatas de MC, María del Carmen Sandoval y del PAN, Nora Cárdenas, finalmente se retiraron de la contienda por falta de condiciones de seguridad. Sólo quedó el candidato de Morena, José Manuel Cárdenas.
Con esos antecedentes no hay condiciones para unas elecciones libres. La decisión de si habrá o no comicios en ese municipio le toca al Instituto Electoral, pero a estas alturas del partido es lo de menos, lo que es urgente es que el Estado, los gobiernos estatal y de la República, recuperen un territorio que por décadas ha estado a merced del crimen organizado. Cuando se plantea la pérdida de control territorial, suele argumentarse que no hay grupo criminal que esté por encima ni tenga más fuerza que el Estado mexicano, lo cual es cierto, la pregunta es por qué el Estado no actúa, por qué en el mismo punto que hace 10 años mandó señales de auxilio porque no había condiciones para tener una policía municipal, en el mismo lugar donde hace tres años mataron al candidato y alcalde con licencia, las condiciones de seguridad lejos de mejorar empeoran.
Los dolores de Jilotlán son terribles, pero condiciones no menos preocupantes se presentan en otras partes del territorio del Estado, desde Casimiro Castillo donde asesinaron al candidato de MC, hasta San Cristóbal de la Barranca, Tolimán, Pihuamo, Cabo Corrientes, Tomatlán, entre otros municipios donde las amenazas han generado que las campañas no se puedan llevar con normalidad.
No hay democracia sin paz.
diego.petersen@informador.com.mx