Jazmín
La semana anterior consternó saber que en un albergue de Tonalá, una niña de tan sólo 11 años fue víctima de quemaduras de segundo y tercer grado afectando el 13% de su cuerpo, al rociarla con alcohol y recibir una descarga eléctrica con una pistola eléctrica.
La pequeña fue ingresada por su madre en junio pasado al albergue “Casa de Vida Camino a la Fortaleza” en Tonalá, para que se recuperara de una crisis nerviosa severa, con la esperanza de que estuviera atendida adecuadamente, pero lejos de encontrar las herramientas psicológicas y de atención integral para superar la etapa que atravesaba recibió maltrato y tortura.
¿En quién se puede confiar la integridad de los familiares cuando requieren atención especial las 24 horas? El primer sitio en el que se puede pensar es en residencias para el cuidado especializado de los menores, adultos mayores o aquellos que tienen problemas de adicción, esperando que serán mejor atendidos que en sus propios hogares. Todos implican una inversión para los bolsillos de las familias, no es atención gratuita, y cada cual hace su mayor esfuerzo.
El caso de la menor abrió el espectro para visibilizar la situación en la que funcionan dichas residencias, albergues o anexos, y para sorpresa, más del 70% en el Área Metropolitana opera de forma clandestina. Algunos de ellos superan la capacidad de los internos; otros aceptan menores de edad cuando el perfil es para adultos. En pocas palabras, falta rigor en la operación de estos establecimientos, vigilancia y exigencia por parte de quienes solicitan sus servicios. De acuerdo con el Consejo Estatal Contra las Adicciones, en Jalisco se detectan 390 centros de rehabilitación, pero sólo 15 de ellos cuentan con todas las certificaciones. Sólo en Tonalá se identificaron 26 albergues con licencia y 15 operaban sin permiso.
Otros más carecen de seguridad. Es por todos conocido que también la semana anterior un ataque en el centro de rehabilitación “Cerco de Vida”, en Tlaquepaque, seis personas perdieron la vida de forma violenta cuando un comando irrumpió en el lugar en medio de la noche. Muchos de sus internos abandonaron el lugar en medio del caos y no han llegado a sus domicilios. Son muchas las vidas que se afectan con el mal funcionamiento de estos recintos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos reporta 27 quejas por centros de rehabilitación.
Es desgarrador ver cómo se puede afectar hasta la tortura la integridad ya de por sí frágil de un niño o niña, más aún cuando quien atenta contra él es su cuidador. Ojalá que todos los albergues y asilos tuvieran clara la misión de rehabilitar a sus pacientes y ser conscientes de que depende de ellos la integridad de los más vulnerables. Ahora toca a las autoridades la vigilancia de estos centros para exigir las certificaciones necesarias y evaluar su operación.
La pequeña es una sobreviviente. Todavía le cuestiona a su madre por qué la agredieron, por qué la quemaron y la metían en un tinaco con agua hasta el cuello; la mamá no tiene respuesta, pero ha tenido que sobrellevar a su manera la recuperación de Jazmín y las amenazas tras la denuncia a los responsables. Con el acompañamiento de las autoridades, la pequeña, que recién fue sometida a otra intervención quirúrgica y quién por fortuna está evolucionando positivamente, podrá retomar su recuperación integral una vez que egrese del hospital.
No se puede contar el tiempo para imaginar cuánto le llevará a Jazmín superar este traumático episodio sabiendo que en su cuerpo serán evidentes las secuelas de la tortura de la que fue víctima sin razón alguna, mientras sus agresores siguen prófugos.
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