Jalisco: el debate por la pluralidad política
Mientras el país en general observa con más confusión que claridad, cómo se lleva adelante la lucha para aprobar una reforma al Poder Judicial que parece más una contienda entre dos fuerzas políticas –con Morena y el presidente López Obrador como claros dominantes–, en Jalisco un desplegado firmado por decenas de organizaciones estudiantiles, académicas, empresariales y cívicas rompió la inercia que se ha desplegado desde el pasado 2 de junio, cuando se realizaron las elecciones para renovar la gubernatura, las alcaldías y el Congreso estatal.
El texto es mucho más breve que el listado de los “abajofirmantes”. Pero su contenido es fácilmente digerible: exigen que ya se termine la controversia, las denuncias de fraude y sobre todo, la incertidumbre que siguió a la elección.
Se plantea que los jaliscienses salieron a votar y siguiendo una tradición muy local, dividieron su voto. Eligieron entre los tres candidatos a la gubernatura a Pablo Lemus; dieron la mayoría en los distritos electorales a los candidatos de Morena y además, reeligieron a algunos presidentes municipales y decidieron que había que elegir a otros y otras que se postularon.
Se dice rápido, pero es lo que se ha consolidado a pesar de que los contendientes y partidos políticos que los postularon están en pleno derecho de presentar sus quejas, denuncias e inconformidades ante la autoridad judicial electoral. Sin embargo, a los juicios de inconformidad, las denuncias de manejo indebido de paquetes electorales y la solicitud para que se anulen las elecciones, lo que vino después ha sido una narrativa de aseveraciones, particularmente de quienes no resultaron ganadores, para que la gente se convenza de que hubo fraude.
Y aunque muchas personas “compraron” la versión, la realidad se ha revelado con el paso de los días: en muy pocos casos se han sustentado las afirmaciones con pruebas contundentes.
Y si en la jornada electoral hubo quejas y señalamientos (todos justificados) de que se había retrasado mucho la publicación de porcentajes en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), también ha sido inexplicablemente lento el actuar de los tribunales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, en particular, ha retrasado sus resultados sin que haya explicaciones convincentes. Los integrantes del tribunal han entrado en su burbuja y decidieron cuando más les convino, que éste o aquél sí tuvieron razón y aquellos otros no.
Obvio, las cosas tienen que hacerse bien y con base en la ley, pero después del tribunal local, toca el turno a las siguientes instancias: la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral de la Federación y eventualmente, a la Sala Superior del mismo tribunal.
Mientras todas las etapas se agotan, en el ámbito social flota la duda. ¿Ganó o no ganó este candidato, aquella candidata? ¿Se repetirá la elección? ¿Hicieron trampa? Y esas dudas quebrantan el ejercicio de la elección, particularmente de todos los que acudieron a votar y en su derecho tomaron la opción que les pareció más adecuada o justa.
El desplegado de las organizaciones que exigen reconocer ya los resultados, refleja en ese sentido lo que piensan muchos ciudadanos que ya quieren conclusión de la etapa electoral que ha sido tan desgastante y que están a la espera que ya entremos en ese terreno de normalidad en el que habrá una presidenta, las cámaras de diputados y senadores, los alcaldes y el gobernador.
Y en adelante, a ejercer programas, trabajar con diligencia y atender la problemática que agobia a prácticamente todos los mexicanos, sean jaliscienses o habitantes de otros estados.
A los magistrados electorales debe calarles el mensaje.