Intervenir la Central Camionera
El 23 de septiembre pasado escribí aquí que cada día se acumulaban más indicios que marcaban claramente a la llamada Nueva Central Camionera de Guadalajara (que ya de nueva no tiene nada porque opera desde hace 36 años que fue inaugurada en 1988), como un espacio público al que había que poner la lupa para frenar las desapariciones de jóvenes que ahí se estaban cometiendo.
En aquella fecha, hace poco más de dos meses, de acuerdo con el registro de las fichas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre el 4 de febrero, que se supo del primer caso, y la primera quincena de septiembre, se había perdido contacto en este punto, con 21 hombres y una mujer, cuyas edades fluctuaban entre los 16 y los 43 años. Hoy esa cifra ya subió al menos a 26, y colectivos y organizaciones de madres buscadoras hablan de que esa cifra podría elevarse hasta los 70 casos si se revisaran las fichas de búsqueda de todas las entidades de la República.
Esta semana se registró un caso más que deja claro, como ya las madres buscadoras aseguraban, que grupos del crimen organizado están citando a jóvenes con falsas ofertas de trabajo para reclutarlos forzosamente a sus filas. Sin descartar, como insisten las autoridades, de que en algunos casos podrían tratarse de aceptaciones voluntarias de enrolarse a los grupos de halcones y sicarios con el espejismo de hacerse de altos ingresos.
Me refiero a que de los 21 detenidos la semana pasada en el municipio de Ojuelos, portando droga y armas de grueso calibre de uso exclusivo del Ejército, tres tenían reporte de desaparición, y su última ubicación, había sido justo en la central de autobuses asentada en Tlaquepaque. Los tres, entre ellos un menor de edad, fueron liberados al considerarlos víctimas de privación ilegal de su libertad.
Este hecho se suma a la detención de dos hombres en septiembre pasado acusados de estar involucrados en el reclutamiento delincuencial de jóvenes a través de las redes sociales que citaban también en la central, así como el asesinato de dos jóvenes de 17 y 20 años, que encontraron en una brecha de Tonalá contigua a la estación camionera, a donde habían acudido a vender un auto. El Comité de Análisis en Desapariciones de Personas de la Universidad de Guadalajara ha documentado que con este modus operandi de compra-venta de vehículos en la Central hay al menos 16 casos de desaparición.
Ante todas estas evidencias del polígono de delincuencia que representa esta central camionera, no queda más que tomar acciones urgentes. Si hasta hoy, la única intervención, más allá de incrementar la vigilancia policial que han prometido, es la que sugiere la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, de elaborar un registro de pasajeros al modo de los aeropuertos, para tener un mayor control de quienes abordan los autobuses, pues habría que hacerlo. Más aún que de entrada ha tenido el visto bueno de los usuarios.
Podría ser un primer paso que ayude en este reto de inteligencia policial ante el que están las corporaciones federales, estatales y municipales para enfrentar de mejor forma el grave lastre de las desapariciones en Jalisco que están heredando las nuevas autoridades de los tres niveles de Gobierno.