Intereses público-privados ponchan MiBici
En este nuevo escándalo que tiene que ver con la poca claridad en las licitaciones públicas hay desde luego los aspectos negativos, que abordaremos a continuación, pero dentro de lo malo, hay en este caso una buena noticia, con la que, por excepcional e inspiradora, inicio.
Me refiero al muy digno papel que jugaron en la sesión del Comité de Adquisiciones de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara (AMIM), del pasado 5 de junio, los representantes de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Armando Mora Fonseca; del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora; y de los Jóvenes Empresarios, Joaquín Lancaster, que además de denunciar las irregularidades en la cancelación de la licitación que iba a definir a la empresa operadora del programa MiBici, demandó la intervención de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, que han mantenido un absoluto silencio sobre el tema.
Si la mayoría de los representantes empresariales que acuden a las decenas de Comités de Adquisiciones de autoridades de todos los niveles y poderes asumieran esa actitud de crítica y responsabilidad, y no de complicidad como ha sucedido en muchos casos, significaría un gran aporte para avanzar en nuestro incipiente combate a la corrupción y a la impunidad.
El otro lado de la moneda está del lado de las autoridades, que por temas burocráticos o de conflictos de interés trastoquen uno de los servicios públicos de los que más se ha apropiado la población y que ha contribuido para socializar la importancia de la movilidad no motorizada para la sustentabilidad de la ciudad.
En la sesión en cuestión, se analizaron propuestas de cuatro empresas interesadas en operar el programa MiBici, siendo la de la firma Periferia Ejecutiva la que hizo la mejor oferta: nueve millones de pesos menor que el resto de las apuestas.
Inexplicablemente el fallo no se respetó y pese a los llamados de conducir con legalidad la licitación de los representantes empresariales, el director de la AMIM, Adrián Jezhel López González, decidió cancelarla, ignorando incluso las advertencias de su titular del Órgano de Control Interno, Eder Monserrat Sánchez Núñez.
La lectura es que este funcionario actuó por iniciativa propia o por órdenes superiores para sostener a como dé lugar a la empresa BKT Bici Pública como operadora del programa, como ha sido desde la fundación del programa en 2014 en el gobierno del priista Aristóteles Sandoval, cuando este trabajo se le encargó al entonces secretario de Planeación, Administración y Finanzas, y hoy rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.
La empresa BKT Bici Pública pertenece a Mario Delgado Padilla, hermano del responsable de la comunicación social del gobierno de Enrique Alfaro, Carlos Delgado Padilla, a la cual se le terminaron pagando contratos de 10 días por un millón y medio de pesos desde junio hasta que terminó su contrato el pasado 31 de agosto.
Habrá que ver, pues, cómo se arregla este entuerto que tiene ponchado el programa MiBici y su licitación en el radar de las sospechas.
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