Independencia judicial: un diálogo de ida y vuelta
Vivimos en tiempos en los que el tejido democrático de las naciones se somete a pruebas continuas, el debate en torno a los fideicomisos ha puesto en relieve muchas opiniones al respecto. El fortalecimiento de las democracias depende en gran medida, mencionan los politólogos, de estructuras y principios bien consolidados, y uno de los más vitales es la división de poderes. En un sistema presidencialista, esta división no es un lujo, sino una necesidad, y la independencia del poder judicial se erige como pilar central de ese equilibrio.
En primer lugar, la división de poderes garantiza que, precisamente, ningún poder público acumule demasiada autoridad. El ejecutivo, legislativo y judicial tienen funciones definidas y, al actuar de manera autónoma, se limitan mutuamente, previniendo desbordamientos autoritarios. Es una danza de contrapesos que, aunque a veces pueda parecer engorrosa, protege las libertades ciudadanas, las instituciones y la democracia misma.
No obstante, es el poder judicial el que suele tener la última palabra en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley, convirtiéndose en garante de los derechos y libertades. Su independencia es primordial para asegurar que sus decisiones se basen en el derecho y no en presiones políticas. Si el judicial se convierte en marioneta del ejecutivo o del legislativo, los derechos fundamentales corren peligro. Sin embargo, esta coyuntura también permite ciertas reflexiones en su actuar cotidiano.
El poder judicial, al igual que los otros órganos del Estado, no debe operar en el vacío. Es vital (y necesario) que esté dispuesto, al igual que los otros dos poderes, al escrutinio público. Si bien la independencia judicial es crucial, esta no debe confundirse con el aislamiento o la falta de rendición de cuentas. En una sociedad democrática, ninguna institución, por noble que sea su función, debería estar exenta de responsabilidad ante la ciudadanía.
La rendición de cuentas y la transparencia no son enemigas de la independencia judicial. Por el contrario, son herramientas que legitiman su actuación ante la sociedad. Un poder judicial transparente, que comunica sus decisiones y justificaciones al público, y que está dispuesto a rendir cuentas de su gestión, fortalece la confianza ciudadana. El escrutinio público no busca debilitar al judicial, sino asegurarse de que cumple con su deber con integridad y justicia.
Esto nos recuerda que la confianza no se regala, se gana. En un contexto en el que la desconfianza y descrédito hacia las instituciones públicas parece ser la norma, es urgente que el poder judicial demuestre con acciones su compromiso con la democracia. La transparencia y la rendición de cuentas no son concesiones, son obligaciones inherentes a su función.
En conclusión, un sistema presidencialista robusto se fundamenta en una división de poderes efectiva, con un poder judicial independiente que, al mismo tiempo, sea transparente y rinda cuentas a la sociedad. No se trata de sacrificar la independencia por el escrutinio, sino de encontrar un equilibrio en el que la justicia opere con autonomía, pero siempre con la mirada atenta de la ciudadanía a la que sirve. La democracia, después de todo, es un ejercicio constante de balance y renovación.