In-seguridad electoral
Hay tanto que pensar alrededor de las elecciones del próximo 2 de junio que quizá más allá de partidos, candidatos y presupuestos, lo que apremia es la seguridad. Claro, es un tema que debe ser prioridad no sólo en tiempos electorales, pero este año de “elecciones históricas” como se les ha denominado, el tema es particularmente sensible.
En días recientes el ojo público se posó sobre el homicidio del candidato a la presidencia del municipio de Mascota, Jaime Vera Alanís: en sólo un mes se registraron tres homicidios contra ciudadanos vinculados al servicio público. Dos homicidios contra aspirantes a una alcaldía en tres meses, si se toma en cuenta el deceso de Eduardo Cervantes Aguilar, en octubre pasado, precandidato a la presidencia municipal de Chapala y ex presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Sin embargo, la violencia política va en aumento en todo el país. En las elecciones de 2021 se registraron 239 incidentes con 179 víctimas mortales. En 2022 se registraron 400 ataques contra funcionarios de Gobierno y el año pasado más de 500 episodios violentos. Es por ello que no basta la participación de las Entidades para la seguridad de los candidatos, sobre todo en las giras de quienes aspiran a la Presidencia de la República. El Ejército y la Guardia Nacional estarán a cargo de la seguridad de los candidatos que soliciten protección y el despliegue dependerá de la incidencia delictiva registrada en cada zona que visiten, ¿cambió la visión que tenemos sobre la seguridad de nuestro territorio? No, sólo se está visibilizando.
De acuerdo con el INE y fuentes oficiales, en zonas de alta incidencia se proporcionarán hasta cuatro vehículos y 10 militares para el acompañamiento del candidato o candidata; en nivel medio de riesgo, la Guardia Nacional proporcionará tres vehículos y ocho elementos, y en zonas de baja incidencia un vehículo y dos agentes de la Guardia Nacional. Nada nuevo bajo el Sol, según las instituciones de seguridad, para ello se presentó el “Plan de seguridad para candidatos en el marco del proceso electoral federal 2023-2024” para aspirantes federales y estatales, además de la interacción con las mesas de seguridad en las que participan los partidos y las autoridades estatales.
Al parecer todo está bajo control; pero ¿realmente se puede garantizar que tendremos unas elecciones seguras el próximo 2 de junio? La intención de la pregunta no es alarmar, por el contrario, se trata de pensar en lo que se avecina, en que cada ciudadano aspirante a elección popular es igualmente susceptible como otro que no lo es.
Pensemos en el arranque y cierre masivo de campañas, en los mítines, en las giras, en las visitas a cada municipio y población del país. ¿Podremos tener campañas como antes, donde se recorrían puerta por puerta las colonias y los mercados para que los candidatos se acercaran a los votantes? Quizá merezca la pena repensar el diseño de las giras.
De los 130 millones de mexicanos que somos, 100 millones podrán salir a votar para elegir a los ganadores de 20 mil cargos públicos. ¿Se imaginan lo que significa que el 76% de la población se movilice en el transcurso de 10 horas con un mismo objetivo? El próximo 2 de junio se instalarán aproximadamente 170 mil casillas en todo el país, en Jalisco se estima que se abran aproximadamente 10 mil 800 -600 más que en las elecciones de 2021- si consideramos que el Estado cuenta con aproximadamente 20 mil 500 elementos operativos de policías estatales y municipales, además de 14 mil efectivos de las fuerzas federales entre Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, hablamos de casi 35 mil elementos de seguridad disponibles y sumando. ¿Serán suficientes?
En las elecciones de 2021 se reportó saldo blanco en la jornada, ningún incidente delictivo vinculado al proceso electoral. ¿Podremos presumir el mismo resultado? Yo confío en que las autoridades estén pensando la manera de que estas campañas que están por iniciar garanticen una seguridad que inspire a los mexicanos a ejercer su voto.