Iglesia, violencia y la "mano negra"
La violencia en el país pasa por una etapa tan crítica y evidente, que no sorprenden tanto los nuevos crímenes y homicidios grupales o familiares, sino el discurso de muchas autoridades que intentan negarlo o matizarlo con estadísticas. Pero sí merece mención aparte que hasta la Iglesia Católica se esté pronunciando insistentemente sobre el tema, en particular después del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.
En el ámbito estatal, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez entró en un desgaste gratuito al rechazar que haya retenes en las carreteras del Estado (y lo secundó el Ejército, a través de la XV Zona Militar), operados por células del crimen organizado. Así respondió el mandatario al arzobispo de Guadalajara, cardenal Francisco Robles Ortega, quien había declarado públicamente que al hacer visita pastoral en el Norte de Jalisco, fue detenido en dos ocasiones.
Se entiende que el titular del Gobierno estatal no quiera admitir públicamente que las organizaciones criminales están y arrebataron a las autoridades constituidas las facultades legales y fácticas que les corresponden. ¿Pero negarlo y confrontar a una autoridad clerical?
El asunto se dirimió, aparentemente, con una reunión entre el cardenal Robles y el gobernador, en Casa Jalisco. El encuentro fue hecho público por el mismo Enrique Alfaro y en alguna medida recompuso su yerro anterior. Es claro que el arzobispo no pretende enfrascarse en una discusión con el gobernador ni con autoridades civiles, y si levantó la voz para informar que fue detenido por retenes de organizaciones delincuenciales, es porque el descontrol alcanzó nuevas cotas.
Y en el nivel federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador siguió derrapando, como lo hace desde al menos dos semanas atrás, al defender lo que está perdido: la estrategia bautizada como “abrazos, no balazos”.
El último grado de desatino lo ofreció en su conferencia cotidiana, al denunciar que hay una “mano negra” que intenta confrontar a su Gobierno con la Iglesia Católica, las iglesias cristianas u otros credos. ¡Pero si fue público que llamó “hipócritas” a los sacerdotes y obispos que reclamaron los altos índices de violencia!
Lo más grave del dislate presidencial es que se niega a hacer una revisión de la política de seguridad del Gobierno federal, cuando las estadísticas de violencia por un lado, y el reclamo general por el otro, justifican plenamente que se efectúe la revisión y se modifiquen líneas de trabajo, como sucede con cualquier política pública. El Presidente del país, en cambio, percibe que se intenta minar su autoridad, cuando realmente se está reduciendo con el paso del tiempo y el aumento de homicidios.
Si la oposición política al Gobierno lopezobradorista lanza críticas a la inseguridad y la violencia en todo el país, se justifica por la agudización del problema. No es un mero conflicto político.
¿Qué se puede hacer? Es tan ruidosa la discusión que se ha dejado de atender a las recomendaciones que desde hace años han hecho los especialistas: más gasto e infraestructura para generar inteligencia; fortalecimiento económico y equipamiento de policías municipales; colaboración real, auténtica, entre autoridades y sobre todo, aplicación de la ley.
Más inteligencia, más legalidad, menos impunidad, menos confrontación política.
Jorge Octavio Navarro
jonasn80@gmail.com / @JonasJAL