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Historia represiva de Alfaro

La detención de tres integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) el pasado jueves 5 de enero, imputados por el presunto delito de despojo, es un asunto que trasciende la disputa política que sostienen desde hace año y medio las autoridades universitarias y el Gobierno de Jalisco, y se enmarca en una historia de uso de la represión a lo largo de la trayectoria política del actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez. 

Se trata de un asunto de venganza política y represión contra tres estudiantes que se sumaron a los vecinos para la defensa de los predios comprados en 1980 para convertirse en el parque público Huentitán, y que de forma irregular el Gobierno panista de Alfonso Petersen Farah entregó a una empresa particular para desarrollar un gran negocio inmobiliario.

Javier Armenta Araiza, Iván Ilich Cisneros González y José Alexis Rojas fueron imputados por el delito de despojo como consecuencia del campamento que vecinos de Huentitán y estudiantes de la UdeG instalaron en los predios ocupados por una empresa inmobiliaria en marzo de 2021. El campamento de los vecinos en los terrenos que rebautizaron como Parque Resistencia Huentitán fue levantado mediante el uso de la fuerza pública en agosto del mismo año.

Aunque Enrique Alfaro ha sostenido que su Gobierno no está detrás de la denuncia y ahora detención de los tres estudiantes de la UdeG, las evidencias indican que esta detención es claramente una acción represiva semejante a las que ha desplegado contra otras protestas sociales.

En su paso como presidente municipal de Guadalajara y ahora como gobernador, Enrique Alfaro se ha destacado por el uso de la fuerza pública y la represión en contra de grupos y organizaciones que se manifiestan en contra de sus decisiones o políticas desplegadas como gobernante. 

Como presidente municipal de Guadalajara (octubre 2015 a diciembre 2017), Enrique Alfaro utilizó la fuerza pública contra vendedores ambulantes del Centro Histórico tapatío por la decisión de la alcaldía de impedir el comercio informal en el primer cuadro. Fueron varias confrontaciones encabezadas por el Gobierno de Alfaro contra los ambulantes, uno de ellos ocurrió en los primeros días de diciembre 2015. 

Otro episodio de represión en un Gobierno encabezado por Enrique Alfaro ocurrió contra comerciantes de las zapaterías que estaban ubicadas en la calle Pensador Mexicano y las calles 74 y 76 del sector Reforma, en noviembre de 2016. 

Otros episodios de confrontación o de uso de la fuerza pública por parte de Enrique Alfaro han ocurrido contra vecinos de Jardines de la Paz que se oponen al megaproyecto inmobiliario del Grupo San Carlos en donde se encontraba el Club Jalisco o de las obras que se llevan a cabo en el parque San Rafael. También se ha usado la fuerza pública contra comerciantes de San Juan de Dios o trabajadores de las calandrias. 

Ya a cargo del gobierno del estado, el 13 de mayo de 2019 fue reprimida por parte de la policía municipal y de la policía estatal una protesta llevada a cabo por pobladores de la comunidad indígena de San Juan de la Laguna, en Lagos de Moreno, por su oposición a la instalación de un gaseoducto por parte de una empresa privada. Durante el desalojo, cinco integrantes de la comunidad fueron detenidos. Producto de esa represión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 26/2020 en contra del Gobierno de Alfaro y otras autoridades. 

El caso de represión más destacado en este historial de Enrique Alfaro es el que ocurrió la tarde del 5 de junio en el llamado Halconazo tapatío, cuando decenas de jóvenes que pretendían manifestarse en la sede de la Fiscalía General de Justicia por el asesinato de Giovanni López fueron detenidos ilegalmente y mantenidos desaparecidos durante varias horas por agentes de la fiscalía. 

Traigo a la memoria esta breve relación de eventos represivos para recordar que la trayectoria política de Enrique Alfaro se ha destacado por la descalificación y el uso de la fuerza púbica en contra de grupos, colectivos, o comunidades que no están de acuerdo con sus políticas o decisiones. La detención de los tres estudiantes es un hecho represivo más que debe ser criticado y cuestionado.

rubenmartinmartin@gmail.com

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