Hacia una perspectiva humanitaria en la migración
En menos de un año, más de dos millones de personas han sido detenidas al intentar cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos. Esta tendencia alarmante se agudizó con más de 10 mil personas aprehendidas en un solo día. Estos sucesos extraordinarios han desencadenado contactos directos entre presidentes y reuniones de alto nivel en ambos lados de la frontera. A pesar de promover políticas más compasivas, ambas administraciones se han convertido en las que más detenciones y deportaciones han realizado en la historia, con un saldo trágico que incluye la muerte de más de 500 personas en el intento de migrar este año.
La urgencia de esta situación se ve influenciada por consideraciones electorales, particularmente en Estados Unidos, donde los republicanos han adoptado una postura antiinmigración como eje central de su campaña rumbo a las elecciones del próximo noviembre.
En los últimos años, el número de personas que buscan cruzar hacia México ha aumentado constantemente, con una tendencia que no muestra signos de desaceleración a corto plazo. Estos individuos provienen de lugares tan distantes como Sudán, El Congo y otras naciones de Sudamérica y Centroamérica, enfrentando un peligroso trayecto dentro de México bajo la influencia de traficantes, en situaciones precarias que los exponen a graves peligros asociados con el crimen organizado.
El Gobierno mexicano afronta una crisis migratoria sin precedentes, bajo presiones externas y con deficiencias estructurales que preocupan a los países vecinos, en parte debido al crecimiento del flujo de personas y la detección de individuos provenientes de regiones con actividad terrorista, lo que convierte el asunto en tema de seguridad nacional. Pero a pesar de lo llamativo del tema de seguridad, el principal desafío radica en abordar este proceso preservando la dignidad de los migrantes. Sin embargo, tanto México como Estados Unidos han manejado este fenómeno migratorio durante años mediante enfoques policiales que no han arrojado resultados efectivos.
Es evidente que la construcción de muros no detiene la migración, y abordar este fenómeno requiere acciones coordinadas para garantizar una atención adecuada a estas personas. La detención de migrantes ha demostrado ser contraproducente en múltiples aspectos, generando un enorme costo económico y humano. Los centros de detención en México y Estados Unidos están sobresaturados, en condiciones deplorables y propensos a tragedias, como la ocurrida en Ciudad Juárez.
Aunque la mayoría busca llegar a Estados Unidos y solicitar asilo, cientos de miles también lo hacen en México buscando protección y oportunidades laborales. La burocracia en ambos lados de la frontera está colapsada y las condiciones indican que empeorarán. A pesar de la renuencia de ambos gobiernos a invertir más recursos, se evidencia la falta de soluciones efectivas, lo que resulta perjudicial para todos los involucrados.
Es fundamental abandonar la perspectiva de tratar a los migrantes como delincuentes, pues no sólo es injusto e ilegal, sino que también ha demostrado ser ineficaz para abordar el problema. La verdadera solución radica en medidas integrales que prioricen la dignidad de las personas, dejando de lado los prejuicios raciales y otros mecanismos dañinos.
Establecer una red amplia de asistencia digna junto con mejoras en los procesos de solicitud de refugio y asilo en ambos países sería lo más sensato. Se requiere una coordinación y un intercambio de información respetuoso de los derechos humanos. Es esencial impulsar una transformación del sistema migratorio mexicano, al igual que exigir cambios en el enfoque de Estados Unidos.
Ambas naciones son tierras de migrantes, y México se enfrenta ahora a una nueva realidad: la llegada de cientos de miles de personas al año, muchas de las cuales se quedarán. Es urgente transformar el sistema de control migratorio para eliminar el enfoque policial de reclusión indigna y dar paso a una red de centros de atención que ofrezcan protección real.
El desafío incluye resolver cómo financiar esta transformación humanitaria y cómo establecer una normativa coherente en toda la región norteamericana. Este tema es de importancia capital y se perfila como uno de los retos políticos más apremiantes en el próximo año.