Guatepeor o cómo minimizar las pérdidas
La situación de México frente a la migración centroamericana es perder o perder, no importa qué haga. En el ajedrez se le conoce como zugzwang al escenario en que todo siguiente movimiento provoca un daño. El gobierno mexicano afronta su momento zugzwang en la frontera guatemalteca, para regocijo de los adversarios de la 4T.
Si quiere impedir el paso de las caravanas procedentes de Honduras y El Salvador que intentan ingresar masiva e ilegalmente en territorio, será acusado por la prensa crítica de ser un gobierno inhumano y represor; si por el contrario, las deja pasar será criticado por la incapacidad de hacer cumplir la ley y garantizar la integridad de la frontera; poco menos que un primer paso hacia un Estado fallido. Por lo demás, si una de estas caravanas de dos o tres mil integrantes tiene éxito, el efecto no hará sino multiplicar el problema para convertirlo en endémico, dada la situación de violencia y pobreza que experimentan algunos países del Caribe y de Centroamérica.
Las implicaciones geopolíticas serían aún más graves. Podemos estar en desacuerdo con las bravuconerías de Donald Trump, y entender que ni la razón ni la ética le asisten, pero eso no disminuye un ápice la capacidad que tiene la Casa Blanca para dañar la vida de los mexicanos si se lo propone. El modelo de desarrollo adoptado en las últimas décadas al amparo del TLC, nos hizo sumamente vulnerables al mercado estadounidense o a sus cadenas de producción. Las decisiones o represalias que el vecino pueda tomar afectan a millones de trabajadores y miles de empresas, por no hablar de la población de escasos recursos que depende de los envíos de dinero de los paisanos.
La lógica de Trump puede estar equivocada, pero es su lógica. Asume que si deseamos un tratado de libre comercio y, por ende, incorporar el territorio mexicano a una zona llamada Norteamérica, tenemos obligaciones con respecto a factores que amenazan al conjunto, entre ellos la inmigración ilegal. El razonamiento de los republicanos es torpe e injusto pero categórico: si queremos pertenecer al condominio horizontal, en el que se encuentran Estados Unidos y Canadá, y compartir espacios comunes, estamos obligados a limitar quién y cómo pasa por nuestro terreno. Permitir que México se convierta en una coladera de vecinos que no están incluidos en el condominio, por así decirlo, a su juicio invalida las razones para invitarnos. Desalmada y absurda, pero es una realidad, nos guste o no. Es un pensamiento que siempre ha estado allí, solo que ahora domina en la Casa Blanca, para desgracia del gobierno de la 4T.
No es un flanco abierto por el arribo de López Obrador a la presidencia, por más que sus adversarios intentan pasarle la factura. Se nos ha olvidado muy pronto el desinterés de gobiernos anteriores frente a la tragedia humana que representaba el abuso en contra de ese flujo de migrantes a su paso por nuestro territorio: robos, secuestros, violaciones, trabajos forzados (incluso fosas comunes o el tren de la infamia llamado La Bestia). Lo que no había sucedido es que Washington asumiera el tema prácticamente como una extorsión con cargo a los acuerdos comerciales de los que dependen tantos mexicanos.
El gobierno de AMLO buscó una solución humanitaria de largo plazo proponiendo una especie de Plan Marshall con el propósito de atacar el problema de raíz y propiciar el desarrollo de la región. A pesar del escaso interés de Estados Unidos, es una propuesta que nos dignifica. Las políticas públicas que intentan promover el crecimiento del sureste mexicano, abandonado durante tantas décadas por el espejismo del desarrollo en el norte, son pasos correctos para intentar estabilizar la zona.
Está bien trabajar el largo plazo, pero es evidente que las caravanas migratorias son una bomba inmediata. Dejarlas pasar tiene un costo político enorme; detenerlas entraña riesgos brutales. Los críticos que están a la caza de una imagen de abuso que pueda desencadenar acusaciones de represión son los mismos que crucificarían al presidente si permitiera que miles de ilegales penetraran impunemente en el territorio.
El gobierno ha optado por movilizar a la Guardia Nacional para impedir la invasión masiva, al tiempo que ofrece agilizar el proceso para tramitar un número de visas por día para el ingreso legal de los solicitantes. Se han acelerado los programas para generar empleos en la región y ofrecer así opciones a los que huyen de la pobreza, aunque también eso es motivo de crítica por considerar que hay mexicanos igual o más necesitados.
La situación es un barril de pólvora. Los enfrentamientos entre la Guardia Nacional y los centroamericanos fácilmente pueden derivar en violación de derechos y en imágenes violentas; son personas que se encuentran en situación desesperada y no se descarta, aun cuando sean casos excepcionales, que existan miembros de la delincuencia interesados en provocar incidentes que lleven a la represión y a la consiguiente repulsa contra el operativo de las autoridades. En los últimos días las pedradas y las agresiones en contra de miembros de la Guardia han provocado exabruptos lamentables.
No hay salidas para este conflicto. El gobierno simplemente espera disuadir la formación de otras caravanas, librar la coyuntura sin que un derramamiento de sangre provoque una crisis y evitar que Trump y sus secuaces utilicen una presunta porosidad mexicana como un pretexto para ejercer represalias. De lo que no podrá librarse es de que columnistas y prensa crítica lo acusen de ser un gobierno represor e inhumano si los detiene y de incapaz y blandengue si los deja pasar.