Guardia militarizada
Ciento cinco mil resultados. Este es el número de entradas que ofrece el sistema de búsqueda Google cuando se pide encontrar la siguiente sentencia: “López Obrador regresa militares a los cuarteles”. Más de cien mil posibles registros de cuando Andrés Manuel López Obrador proponía como dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o candidato presidencial, que los militares deberían regresar a sus cuarteles porque no estaban capacitados para tareas de seguridad pública.
A casi cuatro años de que asumió la Presidencia de la República, ya sabemos que esta promesa no sólo no ha sido cumplida por López Obrador sino que, por el contrario, ha sido el titular del Ejecutivo federal que más atribuciones, facultades, tareas y recursos ha dado a las fuerzas militares en la historia reciente del país. Es lo que los expertos llaman la militarización de la vida pública nacional.
El episodio más reciente en este preocupante proceso de militarización, es el anuncio que hizo López Obrador, en su conferencia mañanera del pasado lunes, de que vía decreto o acuerdo presidencial pondrá la Guardia Nacional bajo la esfera de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Así lo anunció: “Y además les adelanto, por lo mismo, que ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo”.
El anuncio ha generado cuestionamientos, puesto que la medida es violatoria de la Constitución que establece, en su artículo 21, que la Guardia Nacional sea un cuerpo civil y que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública. De modo que el anuncio del Presidente López Obrador es violatorio de la Constitución. Para hacerlo legal, se tendría qué aprobar una reforma constitucional que tal y como están los números en la Cámara de Diputados, sería rechazada por la oposición.
Como cabría esperar, el anuncio ha sido cuestionado y condenado por representantes de los partidos opositores al Gobierno de la Cuarta Transformación. Pero en el campo de las organizaciones de derechos humanos hay preocupación por esta medida que no sólo profundiza la militarización de las tareas de seguridad, sino incluso de la vida civil mexicana.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los de mayor prestigio en el país, me dijo que el anuncio de López Obrador es preocupante porque tiene al menos tres impactos: el posible aumento de las violaciones a derechos humanos, su inefectividad como política pública para reducir la violencia, y la alteración de los delicados balances democráticos en la relación cívico militar.
Pero el anuncio del Presidente López Obrador es en realidad un mero formulismo, pues en los hechos la Guardia Nacional ya está integrada por militares, todos sus mandos son militares y existe un plan de la Sedena para sustituir a los integrantes civiles, que provienen de lo que queda de la antigua Policía Federal. A principios de este año, 80 por ciento del personal de la Guardia Nacional eran soldados y marinos cuyas plazas, sueldos, prestaciones y derechos están a cargo exclusivamente de la Sedena y de la Marina (Semar). Sólo 23 mil de sus 110 mil elementos eran elementos propios, publicó Arturo Ángel en Animal Político (https://bit.ly/3AbnrPm).
Poner completamente bajo la órbita militar a la Guardia Nacional es una pésima noticia para la vida pública por varias razones, entre otras porque desde que se echó a andar en junio de 2019 hasta diciembre de 2021 tenía más de 400 quejas por violaciones a derechos humanos y apenas había admitido una (https://bit.ly/3Pbogf9).
Estos números no hacen sino confirmar que los militares no están capacitados para tareas de seguridad pública, pues su lógica de formación es de confrontación militar y no de disuasión civil, como han explicado los expertos. A lo largo de la supuesta participación en la guerra contra el narcotráfico los militares han cometido diversas masacres, como la de Tlatlaya en junio de 2014, cuando asesinaron a 22 personas ya rendidas en esa localidad del Estado de México. Estas graves violaciones a derechos humanos cometidas en años recientes por parte de militares se suman al negro historial que tienen las fuerzas armadas mexicanas en décadas anteriores, como la masacre del 2 de octubre de 1968.
Aunque el proceso de militarización de la vida pública del país no empezó ahora, es muy grave que se haya acentuado en el actual gobierno. El giro militarista que dio el Presidente López Obrador, a pesar de ofrecer otra cosa en campaña, será uno de los peores legados que dejará el Gobierno de la Cuarta Transformación.
Rubén Martín
rubenmartinmartin@gmail.com / @rmartinmar