Guardaespaldas para todos
“No soy un perfil atractivo para la audiencia”, me dijo en alguna ocasión Hugo Luna justo después de que lo nombraron jefe de gabinete en el Gobierno de Jalisco. La rechazada solicitud de entrevista pretendía que el funcionario explicara la razón de ser de su puesto, una posición de altísima jerarquía en el organigrama estatal, en función de que se trata nada más y nada menos que de la mano derecha del gobernador.
Ciertamente, su estatus fue alto, pero la decisión que tomó desde que se le nombró así es guardar un perfil bajo en la esfera pública. Sus escasos diálogos frente a comunicadores han sido cautelosamente seleccionados, y bajo la premisa de que sean temas suaves, de ninguna manera ligados a las áreas de seguridad.
Y realmente no tendría por qué ser de otra forma. Para eso existe un fiscal, un coordinador del gabinete de seguridad, un secretario en esa área y hasta el propio gobernador, quien ha decidido hacer sus propios informes en la materia para, mes con mes, presumir que los delitos van a la baja, aunque, sin excepción al discurso, “todavía estemos lejos de la meta”.
Pese a esa estrategia de guardarse del ojo público, de salir a cuadro sólo para hablar del “momento histórico” que han logrado en Movimiento Ciudadano, de gritar hasta donde se escuche que esta administración ha roto con los vicios de la clase política tradicional y ocasionalmente hablar de semáforos inteligentes y alertas en pasos a desnivel, Hugo Luna y la inseguridad no han estado vinculados nunca en la administración de Enrique Alfaro.
Tan no es así, que según el mismo Gobierno de Jalisco su puesto fue hecho para “gestionar estratégicamente las prioridades de gobierno definidos por el Gobernador ante el resto de las dependencias y organismos que componen el Poder Ejecutivo. Además de coordinar el apoyo técnico y monitorear los avances en el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la administración”.
Es, para traducir del burócrata al español, un prefecto que vigila que todo marche en orden.
Y entonces, ¿por qué un burócrata con estas responsabilidades necesita que el pueblo de Jalisco le pague guardaespaldas? ¿Cuál es la justificación detrás de la llamada “Ley Hugo Luna” que permitirá tanto a él como a los próximos jefes de gabinete que se les cuide al terminar su encargo con el dinero de las personas?
Según el gobernador Enrique Alfaro, dar seguridad a su amigo no es dedicatoria personal. Para el todavía jefe del Ejecutivo en Jalisco, “son las condiciones mínimas de seguridad que deben tener quienes hayan tenido una responsabilidad que genere algún tipo de riesgo”. Y como Luna estuvo presente en las mesas de seguridad, merece que lo cuiden cuando pida sus taquitos en la esquina o cuando haga valer su reservación en el Faisán Dorado.
¿Discutible? Sin duda. La asignación de guardaespaldas pagados con recursos públicos a funcionarios como él supone un problema ético y operativo, porque, como dije, el jefe de gabinete no está directamente involucrado en funciones relacionadas con la seguridad pública, así que sin una razón fundamentada es innecesario asignarle escoltas.
Luego está el tema de la muy vendida, pero mal ejecutada, estrategia de comunicación en seguridad y ahorro del gasto público. ¿O no se nos ha vendido en los últimos seis años que Jalisco es un edén en medio de un país en caos? Si hubiera un gramo de perspicacia en quienes avalaron la reforma a la Ley del Servicio de Protección para ampliar la lista de funcionarios chiqueados, habrían notado que la ciudadanía percibe estos hechos como abuso del poder público en beneficio de un funcionario que, además, es amigo personal del gobernador.
Aunque también está el tema de la refundación que no fue porque ya llegó a su ocaso y que el jefe de gabinete ahora es diputado federal y sus responsabilidades son otras. Hoy, Luna representa a un poder distinto que le otorga fuero (inmunidad procesal) y un privilegio adicional no es sino la cereza de un pastel que nunca terminó de cuajar.
La “Ley Hugo Luna” no es sólo un paro de compas, sino un antecedente pernicioso que puede animar a otros burócratas a solicitar el mismo privilegio. Y en medio de una crisis de inseguridad y violencia que esta semana cobró la vida de Jaime Navarro Hernández, Director General de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía del Estado, Jalisco no puede darse el lujo de destinar más personal de seguridad pública a cuidar a los consentidos y dejar desprotegidos a los demás, a los que realmente lo necesitan para evitar una tragedia.
El poder existe para servir al pueblo. Esa es su razón de ser. Por eso, la nueva administración pública debe entender que la percepción pública, la eficiencia en el uso de fondos y la priorización de la seguridad ciudadana deben estar en el centro del debate.
Y digo la que sigue porque esta llegó a refundar olvidando muy pronto lo que esa palabra significa.
isaac.deloza@informador.com.mx