Grupo México: minería criminal
El 6 de agosto de 2014, hace cinco años, ocurrió el más grande y trágico accidente industrial causado por actividades mineras en México. Ese día, la mina Buenavista del Cobre del Grupo México (cuyo propietario es Germán Larrea Mota Velasco) tuvo un “accidente” en su presa de lixiviados que provocó el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado que llegó y contaminó los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora, en el Estado del mismo nombre.
La contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi produjo afectaciones a más de 22 mil pobladores de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.
Pongo “accidente” entre comillas porque el desastre ambiental se produjo por descuidos de la mina del Grupo México en el manejo de los desechos tóxicos. Luego del derrame del sulfato de cobre acidulado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encontró 55 irregularidades cometidas por la empresa, entre ellas la negligencia y la obtención de beneficios económicos al reducir costos, “al evadir el cumplimiento de las normas ambientales relativas al manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera”, según encontró la organización no gubernamental Poder.
Tras el desastre, calificado como el peor daño ambiental provocado por actividades mineras en México y tras las primeras afectaciones a los pobladores de las cuencas de los ríos Sonora y Bacanuchi, la empresa se vió obligada a responsabilizarse del daño. Para ello ofreció la creación de un fideicomiso con recursos por dos mil millones de pesos y una serie de compromisos para remediar el desastre ambiental, vigilar y cuidar la salud de los pobladores afectados, la provisión de agua limpia y la indemnización a los afectados en la salud y en sus actividades económicas.
A cinco años del derrame, todos los compromisos han sido incumplidos. Para empezar, el desastre ambiental dejó sin agua limpia a los afectados por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi. El responsable del daño, Grupo México, se comprometió a abastecer de agua limpia a los pobladores afectados, y para ello instaló más de 10 mil tinacos de la empresa Rotoplas (de un primo de Germán Larrea) pero dichos tinacos quedaron vacios debido a que se incumplió el compromiso de instalar 36 plantas potabilizadoras de agua. A cinco años de la tragedia ambiental, sólo una planta funciona regularmente y de manera intermitente dos plantas.
Ante la falta de agua potable y sana, los habitantes afectados han tenido que proveerse de agua de garrafón a un costo alto para su economía. Según las estimaciones de los Comités de Cuenca, en cinco años cada familia ha gastado hasta 51 mil pesos en agua de garrafones, cuando la indemnización recibida del Grupo México fue de poco más de 17 mil pesos.
La atención a la salud ha sido otra demanda incumplida por el Grupo México y por la negligencia cómplice de las agencias ambientales del Estado mexicano. Solo funciona un módulo de Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en Ures en tanto que el Centro de Salud que atendería a todos los afectados quedó como un elefante blanco, sin terminar e inservible, según denuncia de los afectados.
El desasatre ambiental provocado por la mina Buenavista del Cobre del Grupo México es un ejemplo paradigmático de la operación de las actividades mineras en el país: con prácticas que ocasionan recurrentemente desastres ambientales que tienen conscuencias devastadoras en las comunidades donde se desarrollan. Por los niveles de afectación y por la impunidad con la que operan se puede hablar con propiedad de una actividad minera criminal.