Graves irregularidades en la búsqueda de desaparecidos
Es sabido que Jalisco es el epicentro de las desapariciones que ocurren en todo el país, con más de 15 mil casos registrados oficialmente, de los cuales seis de cada diez ocurrieron en lo que va de la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Desde mi punto de vista, no hay problema social y político más importante en el estado como la crisis por desaparición de personas.
Discursivamente el gobernador y su administración dicen que se preocupan y que atienden este problema, pero la realidad es distinta. La realidad es que las familias que buscan a sus hijos encuentran desidia, apatía, malos tratos, negligencia, burocratismo y, en el otro extremo, desde amenazas hasta casos de desaparición forzada, es decir, cuando las desapariciones las cometen los propios servidores públicos o incluso policías a quienes la sociedad les paga para el cuidado de la vida de las personas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) acaba de emitir una recomendación (una más) en la que recoge las denuncias presentadas en 14 quejas que suman en total 18 víctimas de desaparición de personas y reitera las quejas de las familias víctimas de desaparición. En esta recomendación, la 027/2024, se incluyen quejas presentadas entre 2015 y 2021.
Las denuncias de las familias víctimas señalan múltiples “irregularidades, omisiones, deficiencias y falta de acciones en la investigación de las desapariciones, búsqueda y localización; así como por la dilación en la emisión de dictámenes y las respectivas confrontas de ADN”, señala el texto.
De las quejas presentadas por las víctimas, la CEDHJ resume así la deficiente respuesta de las autoridades estatales: “De nueva cuenta, es constante el señalamiento en las inconformidades sobre la actuación tardía, deficiente y omisa; así como múltiples irregularidades por parte de agentes ministeriales y de la policía investigadora para la investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas; igualmente, deficiencias periciales en la identificación de los restos humanos localizados, así como la nula o poca coordinación entre ellas”.
En la recomendación de 95 cuartillas, la CEDHJ presenta una matriz de observaciones de cada una de las quejas. En la primera queja que se atiende en esta recomendación, se señala que las acciones de búsqueda y localización no fueron inmediatas, oportunas, transparentes, útiles y sin rigor científico. Además, la investigación no se ciñó a principios de efectividad, exhaustividad, inmediatez y eficiencia. En la carpeta de este caso no se elaboró un Plan de Investigación e incluso no se revisaron ni el correo electrónico ni las redes sociales de la víctima, que uno cabría esperar fuera una de las primeras labores de búsqueda de información sobre su paradero. En este caso, se cambió hasta en seis ocasiones al ministerio público y a los policías investigadores, con la consecuente pérdida de tiempo que ello conlleva, como bien saben los familiares que buscan a sus hijos ausentes.
Como cabe esperar, debido a estas graves omisiones, hay molestia en las familias de las víctimas. “Las y los peticionarios expresaron a esta Comisión su desesperación y frustración ante la falta de acciones efectivas de las autoridades que representan a las distintas instituciones del Estado para investigar los hechos, encontrar a las víctimas, conocer los motivos de la desaparición y aplicar las sanciones a los responsables”.
Estoy seguro de que dentro de las agencias encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas hay servidores públicos entregados y con empatía hacia las víctimas. Pero por las recomendaciones que hace la CEDHJ parece ser que no es el caso de la mayoría de los funcionarios, pues la comisión pide a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas que “actualice e imparta curso de capacitación al personal de esa Fiscalía, para que tengan una reeducación en materia de derechos humanos”. La CEDHJ emitió también recomendaciones a la presidencia municipal de Poncitlán y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Es grave e inadmisible que tras doce años de que se gestó la actual crisis por desaparición de personas en Jalisco, las autoridades estatales sigan cometiendo las mismas irregularidades, deficiencias y errores que impiden que los desaparecidos puedan regresar a casa con sus familias.
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