Gabriela
Absurdo y lo que le sigue. Así fue como llegó a las redacciones y circuló en redes sociales la información de la detención de Gabriela Escamilla en Puente Grande el pasado 9 de diciembre. Su delito fue denunciar el abuso sexual contra su sobrina el año pasado, entonces de cinco años, quien señaló a su propio hermano y padre de la niña como responsable.
Una vez que la Fiscalía recibió la denuncia solicitó evidencias, y en lugar de exponer la integridad de la pequeña, Gaby se apoyó en imágenes que le tomó a la menor, por lo que al desestimar la información le giraron una orden vinculándola a proceso por el delito de violación a la intimidad sexual al fotografiar a la niña, argumentando la Ley Olimpia. Evidentemente la libre interpretación de dicha ley quedó muy lejos del delito que persigue, pues el objetivo de Gabriela fue presentar pruebas y no extorsionar o lucrar con las imágenes que la propia Fiscalía le solicitó, por lo que no había nada que perseguir. Sin embargo, la semana que la denunciante estuvo dentro de Puente Grande le permitió conocer un universo lamentable de mujeres que a lo largo de su vida sufrieron abuso y nunca denunciaron.
Cuando las colectivas y activistas conocieron el caso de Gabriela, quien incluso se presentó ante Derechos Humanos para solicitar que se le diera seguimiento a su denuncia, no dudaron en apoyarla con marchas y manifestaciones exigiendo su libertad. Afortunadamente el pasado martes ella quedó libre, sin embargo la investigación que tanto buscó sigue pendiente y una víctima sigue bajo la custodia de quien fuera denunciado como su agresor.
Para Gabriela guardar silencio no era una opción y siguió hasta la última consecuencia su búsqueda de justicia, incluso pagando el precio con su libertad, pero en esta narrativa sin sentido nada apunta a que la víctima recibirá protección ni justicia.
En México 5.4 millones de niñas y niños son objeto de alguna agresión sexual al año de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 60% de los casos la agresión se comete en su propio hogar.
La organización Aldeas Infantiles México compartió información mucho menos alentadora, pues el 99% de las agresiones quedan en impunidad. De cada mil casos sólo 100 se denuncian y de éstos 10 llegan ante un juez, pero sólo uno tendrá una sentencia condenatoria.
En el caso de Gaby, quien lleva casi dos años en esta lucha, se han sumado capítulos mucho menos gratos, como perder contacto con la víctima, pues se encuentra nuevamente bajo la custodia del padre; el nulo interés de la familia materna de la pequeña y el silencio de la familia de Gabriela.
¿Por qué no creerle a la víctima? ¿Por qué victimizar al denunciante? ¿Es necesario que la fuerza social de las colectivas se ejerza para visibilizar una arbitrariedad? ¿Con qué protocolo se debe acudir a las autoridades para recibir ayuda y no terminar privado de la libertad? ¿Cuántas denuncias se han desestimado por no tener una perspectiva de género? ¿Cómo se garantizará la integridad de un menor si se desestiman las denuncias? ¿Cuántos derechos se violentaron en esta historia?
Ojalá lleguen pronto las respuestas y el caso de Gabriela y su sobrina no sea uno más en la estadística de impunidad que se presume en el abuso sexual, que para muestra podemos recordar el caso de Marisol, quien denunció el abuso de su marido y también perdió su libertad en Jalisco en 2020, y una vez que se probó su inocencia y quedó libre fue detenida en Colima el año pasado. Sinsentido total: denunciantes detenidas y agresores libres.
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