Futuro comisionado
A más tardar este jueves se renovará una posición de Comisionado titular y otra de suplente en el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI).
Hace unos días, el Consejo Consultivo del organismo envió el dictamen con los candidatos elegibles en donde figura el comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, quien pretende reelegirse en el cargo.
No obstante, la Carta Magna es clara acerca de que ninguna persona puede permanecer como comisionado por más de 7 años; de ser designado, Rosas Hernández alcanzaría 10 años en el cargo, lo que resulta improcedente.
El comisionado también incumple otro requisito de elegibilidad que señaló la propia convocatoria: de las dos cartas de recomendación oficial por instituciones reconocidas en transparencia que presentó, ninguna tiene validez jurídica, puesto que una fue firmada por un subordinado del mismo comisionado en el ITEI, sin atribuciones para expedirla, y la otra fue firmada por una institución sin protocolo ante notario público, por lo que no tiene efectos jurídicos; situación conocida por la Comisión de Transparencia del Congreso, encargada de designar a la persona para el cargo.
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Luego de que el gobernador se fue con todo contra Pedro Kumamoto por “vender humo” con su reforma #SinVotoNoHayDinero y provocar una crisis debido al alto costo de financiamiento para los partidos políticos, el ex independiente se puso los guantes.
Acusó al mandatario estatal de intentar desinformar y defendió su reforma. Lo cierto es que la reforma dejó una laguna jurídica que después entre impugnaciones y recursos legales ha empantanado su propósito original.
En todo caso son tan responsables de la omisión el ex diputado independiente como todos sus compañeros del PRI y de MC que votaron a favor.
No cabe duda que a veces la ineficiencia cuesta tanto o más que la corrupción.
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Ante el recorte presupuestal, la UdeG ahora le apostó al capital social. En un mensaje encabezado por el rector Ricardo Villanueva Lomelí, anunció que solicitará firmas a los jaliscienses para exigirle al gobernador que garantice dinero para el Museo de Ciencias Ambientales y para el Hospital Civil de Oriente en Tonalá.
La exigencia es que ese dinero salga de la deuda contratada por el gobierno estatal. ¿Surtirá efecto este nuevo mecanismo de presión?