Fiscalía y Poder Judicial, bajo la lupa
Tras superar el síndrome de la abstinencia por estar casi siete horas sin teléfono celular la noche del martes, los diputados y las diputadas de Jalisco se libraron de la “papa caliente” que implica el caso del magistrado José de Jesús Covarrubias, pues había la posibilidad de que les ganara la partida en tribunales y los obligara a congelar el proceso de desafuero.
Aunque todavía el amparo está en el aire, en los pasillos del Congreso de Jalisco algunos señalan que cumplieron con su parte y ahora la pelota está en la cancha de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial, cuyo actuar tendrá la lupa pública y deberán demostrar que no habrá protección o trato especial al juzgador. Sin fuero, debe ser procesado como un ciudadano común.
Por cierto, trascendió que luego de recibir el revés de no obtener una suspensión para detener el juicio de procedencia en su contra desde el Congreso, el magistrado amplió su demanda de amparo el pasado lunes y espera una nueva resolución para seguir peleando por el recurso jurídico que lo libre de sentarse en el banquillo de los acusados.
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El caso del magistrado fue tema de conversación ayer. Mientras el Supremo Tribunal de Justicia afirma que continuará separado del cargo durante el tiempo que dure el proceso penal por el presunto abuso de una menor, le seguirán pagando el 30% de su salario, porque así lo ordena la Suprema Corte.
Pero si antes acostumbraba sus buenos cortes de “ojo de costilla” gracias a los 173 mil pesotes que recibía como magistrado cada mes, ahora tendrá que bajarle al peinecillo porque sólo cobrará 52 mil por más tiempo.
En la UdeG, donde el juzgador dobleteaba como maestro, el rector Ricardo Villanueva también sentenció que no regresará a las aulas.
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Ahora que hay filas para todo, nos detallan un caso en el municipio de Tlaquepaque.
¿Ya vieron la gigantesca fila en el edificio administrativo de la Pila Seca? En los últimos días rodea toda la parte frontal del complejo. Y no están regalando nada.
Resulta que en el lugar se tramitan las constancias de no antecedentes penales, pero sólo una persona está atendiendo a todos. Y supuestamente la razón es que “no hay personal por el nuevo coronavirus”, lo que molesta a los solicitantes.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no sólo arrastra con una crisis en el manejo de los cadáveres, ya que ahora ni siquiera tiene bajo control la emisión de los certificados en mención.